Cort se compromete a conservar el edificio de Gesa y hará un proyecto para conocer el coste de su futura rehabilitación

El Ayuntamiento de Palma ha asegurado este martes acatar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) por lo que se ha comprometido a conservarlo y, además, ha anunciado la realización de un proyecto para conocer el alcance y el coste real para su futura rehabilitación.

El teniente de alcalde de Urbanismo y Vivienda, Jesús Valls, ha informado en rueda de prensa sobre los efectos judiciales, económicos y urbanísticos para Cort de la sentencia y ha dicho que el consistorio la acata "pese a la inestabilidad judicial en que está inmerso todo lo referente al ámbito de reparcelación de la Fachada Marítima".

"De los 22 contenciosos interpuestos por Josel SL (Nuñez y Navarro) en este ámbito, la mayoría de ellos hacen referencia a la cuotas de reurbanización, aunque existen tres contenciosos básicos. El primero de ellos se refiere a la catalogación del edificio, situación que ya está resuelta con la sentencia del Tribunal Superior. La segunda de las impugnaciones tiene que ver con la modificación puntual del planeamiento y en este sentido nada ha cambiado en relación con el planeamiento que sigue en vigor. El último de los contenciosos hace referencia a la reparcelación", ha detallado.

A estas impugnaciones hay que añadir que el edificio está pendiente de inscripción registral debido a otra demanda interpuesta por Nuñez y Navarro que exige que antes de esta inscripción registral, se ponga a su disposición el edificio de Emaya y el IMI.

El teniente de alcalde de Urbanismo ha aclarado que este edificio "tiene un uso administrativo institucional público, lo que resulta fundamental a la hora de realizar valoraciones en la equidistribución de las unidades de ejecución resultantes en el ámbito de la Fachada Marítima". Asimismo, el edificio es un bien catalogado en la protección más baja.

EDIFICIO DE 15.000 METROS

Se trata de un edificio de 15.000 metros de techo, por lo que el planeamiento está aprobado con la posibilidad de agotar 13.000 de techo para edificar en este ámbito, de los cerca de 28.000 metros de techo existentes.

Ante esta situación judicial, Valls ha considerado que lo que debe hacer el Ayuntamiento de Palma "es continuar con el traslado de la sede de Emaya y el IMI para poner este edificio a disposición de Josel SL y poder concluir el proceso de inscripción judicial".

Valls ha añadido que Cort pedirá al Consell de Mallorca, si así fuese necesario, la revisión de la ficha de catálogo para conseguir que la futura rehabilitación cumpla con los criterios técnicos de la Ley de Ordenación de la Edificación y el Código Técnico y lograr un edificio moderno y sostenible "y cumpliremos con el deber de conservación ya que la protección del edificio lleva implícito el deber de conservarlo".

EFECTOS ECONÓMICOS DE LA SENTENCIA

En relación a los efectos económicos de la sentencia, ha indicado que actualmente, el plan de saneamiento de Cort les imposibilita poder destinar dinero a la rehabilitación inmediata del edificio. Además, a esto se debe añadir que, si resultara nula la modificación puntual impugnada, reviviría el planeamiento anterior, por lo que habría que habría que proceder a una nueva reparcelación de la Fachada Marítima y "todo el dinero invertido supondría dinero perdido".

Por último, Valls ha señalado que la protección del edificio supone que éste no se puede demoler "y que toda solución urbanística pasa por mantener el edificio con las características incluidas en el catálogo, especialmente en lo que hace referencia al muro cortina y a la forma de cubo que se mantienen en estructura de cristal y acero".

Según ha dicho, la conflictividad jurídica supone una traba para una inmediata solución urbanística por lo que Cort tiene previsto realizar un plan de acción impulsando ideas y proyectos que se ejecutarán "cuando se despeje el horizonte judicial que actualmente tiene obstruido cualquier solución", ha señalado antes de recordar que existe otro recurso de casación por la resolución del contrato de compraventa del edificio con Endesa por valor de 73 millones de euros.

"Estamos ante un proyecto de ciudad y es necesario seguir dando los pasos urbanísticos para avanzar en una solución global contando con el consenso de los diferentes partidos políticos y los agentes que puedan verse afectados por las modificaciones en la Fachada Marítima. En su día, ya pusimos en conocimiento de la opinión pública que Nuñez desea que le sean devueltos los derechos urbanísticos que se le cercioraron para su modelo de desarrollo".

OTROS ACUERDOS

Por otro lado, Valls ha informado que el Consejo de Gerencia de Urbanismo ha dado licencia de obras para habilitar 16 habitaciones en el edificio de Can Alomar en el Borne y realizar reformas por valor de 25.000 euros en la Plaza de Toros. Estas reformas integradas dentro del grado 3 de la ITE hacen referencia a reparación de cubierta y puerta de las cuadras, arreglos de soportes de protección de barandillas, cerramiento exterior y boceles de las escaleras.