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ondacero.es
Palma de Mallorca | 15.10.2014 00:00
Un funcionario de la Conselleria de Interior y tres empresarios del juego de Baleares deberán pagar unos 37.000 euros en multas, una condena que contrasta con la petición de 42 años de prisión que la Fiscalía solicitaba para ellos por urdir una trama con la que éstos se beneficiaron del impago de las tasas que les correspondía abonar al Govern por desarrollar esta actividad, así como por autorizar desde el Ejecutivo la instalación irregular de máquinas tragaperras en bares que no contaban con licencia para ello.
Los cuatro acusados se han declarado culpables y han alcanzado un acuerdo de conformidad con el Ministerio Público, a raíz de unos hechos que tuvieron lugar de forma continuada entre los años 2006 y 2009. La Fiscalía les acusaba inicialmente de haber incurrido en delitos de malversación y prevaricación, si bien finalmente éstos les han sido retirados y se les ha mantenido los que también se les imputaba de fraude, falsedad documental, tráfico de influencias y apropiación indebida.
En concreto, el funcionario, Juan Bautista, se enfrenta a una condena de dos años de prisión, el gestor Bartolomé Borràs, quien medió entre las sociedades beneficiadas y el Govern en relación al pago de los impuestos, a tres años y medio; y los empresarios Rafael Hernández y Gabriel Pons, a un año y cinco meses cada uno, penas que serán sustituídas por distintas multas.
La Fiscalía ha reconocido las circunctancias atenuantes de confesión, reparación del daño y dilaciones indebidas. De hecho, Borràs, tras reconocer que en las gestiones por él tramitadas no se abonó la cantidad debida, consignó en el Juzgado un total de 3.782 euros como parte del dinero impagado al Ejecutivo autonómico, mientras que los dos empresarios devolvieron un total de 1.800 euros.
De acuerdo a los hechos reconocidos por los acusados, el funcionario, actuando dentro de sus competencias y movido por el ánimo de beneficiar al resto de los inculpados con quienes les unía una relación de amistad y confianza, permitió el impago de la tasa de canje fiscal -en distinta cuantía dependiendo del tipo de local- por la instalación de máquinas de juego así como el alta de estos aparatos en bares y restaurantes como si de salas de bingo se tratase.
Se trata de un fraude con el que se toparon los funcionarios del servicio del juego de la Conselleria de Interior que, tras cuatro meses indagando numerosos expedientes de entre 2006 y 2009, detectaron el impago de las tasas tanto las empresas que disponen de máquinas ordinarias de juego como los salones de bingo.
La Conselleria, entonces dirigida por Mari Ángeles Leciñena, decidió así poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, que tras las investigaciones pertinentes remitió las pesquisas al Juzgado para que prosiguiera con las indagaciones.
En el auto por el que el juez que instruyó las pesquisas, Francisco José Pérez, abrió la vía para que fueran juzgados los acusados, el magistrado consideraba "inverosímil" que el funcionario, con más de 20 años de ejercicio profesional a sus espaldas, hubiera cometido "un desliz u olvido al revisar la documentación de la gestión".
De hecho, aseveraba tajante que "no nos hallamos ante un caso puntual sino ante decenas de ellos, ante distintas gestiones, en diferentes fechas, a lo largo de varios años y distintas empresas".
Inicialmente también se investigó la comisión de un presunto delito de cohecho por parte de otro empresario para quien se archivaron las investigaciones, a raíz de la presunta dádiva que, según se investigó en su día, habría sido efectuada en favor de Bautista -suspendido de sus funciones- en forma de diversos artículos de Montblanc valorados en más de 200 euros.
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