Esta mañana ha quedado visto para sentencia en la Audiencia de Palma el juicio por el caso Bitel contra el exgerente de la empresa pública de informática Damián Vidal, para quien el fiscal ha reclamado 12 años de prisión acusado de varios delitos de corrupción por desviar 566.000 euros públicos.
En sus conclusiones, el abogado defensor de Vidal, Eduardo Valdivia, ha aceptado la posible comisión de un delito de apropiación indebida, que llevaría aparejada solo una condena de seis meses, y ha reclamado la aplicación al acusado de las atenuantes de enajenación mental y reparación del daño.
Después de varios aplazamientos, el fiscal y las defensas han planteado hoy sus conclusiones finales ante el tribunal de la sección segunda de la Audiencia de Palma, que preside el magistrado Eduardo Calderón.
En su acusación definitiva, el fiscal Pedro Horrach ha rebajado en dos años su petición inicial de cárcel contra el principal acusado y ha retirado los cargos contra el exadministrador de la empresa pública Miguel Simonet, quien antes de la vista se enfrentaba a una pena de dos años de prisión.
En la última jornada del juicio, Horrach ha reiterado que considera probado en el juicio que el que fuera gerente de Bitel durante la legislatura 2003-2007 se subió el sueldo injustificadamente, cobró dietas, gastos y horas extra que no le correspondían e hizo compras y sacó dinero para uso privado con la tarjeta de la empresa.
Además se transfirió fondos de la sociedad pública a cuentas particulares, se concedió dos "autopréstamos" por 27.000 y 9.000 euros, adjudicó contratos a empresas de su propiedad y exigió comisiones a profesionales a los que encargaba trabajos inútiles.
"Simuló conceptos como atrasos e incentivos para sustraer fondos públicos", ha acusado Horrach, que ha insistido en que todo ello lo hizo "exclusivamente para fines particulares".
Según anticorrupción, a cuyo escrito se ha adherido la acusación particular que representa al Govern balear, estos actos son constitutivos de un delito continuado de malversación por el que pide 6 años de cárcel, otro de cohecho para el que solicita un castigo de 4 años de prisión y 141.274 euros de multa, y uno de fraude a la Administración penado con 2 años de reclusión.
Además, atribuye al principal acusado un delito de prevaricación para el que demanda una inhabilitación de 10 años. Este castigo y las inhabilitaciones ligadas a los otros delitos imposibilitarían a Vidal acceder a empleo o cargo público durante 52 años.
La Fiscalía pide además que Vidal indemnice a la empresa con casi 566.000 euros de responsabilidad civil por el daño causado a su patrimonio.
En cuanto al resto de los acusados, también se reduce la solicitud de condena contra los informáticos Iván Guardia y Ramón de la Iglesia, para los que se proponen sendas penas de 1 año de cárcel sustituibles por multas, y se mantiene la petición de multa para el exsecretario de la entidad Santiago Romaguera.
El defensor de Vidal, Eduardo Valdivia, ha discrepado de las acusaciones a las que ha criticado por falta de rigor, inverosimilitud y "heterodoxia procesal". Además les ha reprochado que no hayan presentado una prueba pericial para cuantificar económicamente el supuesto daño causado a la Administración.
Valdivia ha realizado una extensa digresión normativa para alegar que ni Vidal era funcionario, ni el dinero que ha motivado la causa eran caudales públicos, por lo que no cabe atribuirle el delito de malversación.
Según el abogado, tanto la cuenta corriente como las tarjetas de crédito mencionadas en la causa eran objeto de auditorías que nunca cuestionaron sus movimientos y varios de los pagos de los que se acusa a su cliente se realizaron dos días después de que cesara como gerente.
En sus conclusiones alternativas, Valdivia admite que Bitel encargó varios trabajos que no responden a servicio alguno, lo que constituiría un delito de apropiación indebida.
Pide que se tengan en cuenta las atenuantes de enajenación mental, por estar Vidal en tratamiento por síndrome bipolar, y de reparación del daño porque en julio de 2008 constituyó un aval de 700.000 euros por los posibles daños causados y otro de 100.000 recientemente, por los pagos que Valdivia considera los únicos que merecen reproche penal.
