En total, 17 personas se sentaron en el banquillo de los acusados por estos hechos, entre ellas varios exaltos cargos del Govern: además de Cardona, fueron juzgados el exdirector general de Promoción Industrial del Govern Kurt Viaene y la exgerente del CDEIB Antònia Ordinas -que admitieron los hechos en su declaración-, quienes, según las acusaciones, planificaron y ejecutaron actuaciones dirigidas a apoderarse de los fondos públicos y emplear todas las coberturas formales necesarias a efectos de que el expolio pasara desapercibido.
La Fiscalía apunta así al "robo sistemático" efectuado por los inculpados mediante la creación de entidades mercantiles al frente de las cuales usaban "hombres de paja o testaferros" y a las que otorgaban numerosos contratos; la utilización de empresas existentes que pasaron a controlar; la exigencia y cobro de comisiones a proveedores del CDEIB y la organización de las ferias en las que participaba el Consorcio.
En sus alegatos finales, el fiscal Pedro Horrach subrayó que el "saqueo sistemático" y el uso de la Administración "para intereses bastardos debe de ser una enfermedad muy contagiosa, dado que la padecen todos los acusados de este caso". Y en el epicentro de esta causa, el exconseller de Comercio, al que el fiscal se refirió como "el jefe de la banda", con "indicios múltiples y variados que conducen a concluir que era el líder de una trama dirigida a saquear las arcas públicas".
