En su escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press, el Fiscal Superior de Baleares, Bartomeu Barceló, reclama en concreto tres años de cárcel para cada uno de los acusados por un delito de falsedad en documento oficial, a raíz de la contratación supuestamente arbitraria de Maria de la Pau Segura en 1998 para cubrir una teórica plaza de traductora en el Govern, a pesar de que en realidad se hallaba en el foco del anterior entramado como supuesta agente electoral para la captación de sufragios en Sudamérica.
En concreto, la vista oral tendrá lugar a partir de las 9.15 horas en la Sección de Refuerzo de la Audiencia. Según el escrito de calificación de esta parte de la causa, fechado el 11 de marzo de 2009, los inculpados son Rosa Grijalba, Juan Fortuny y Ángel Gallego, para quienes el Ministerio Público solicita, además, una multa de 2.160 euros y dos años de inhabilitación.
Y es que, tal y como relata el escrito, Grijalba, exdirectora general de Promoción Industrial; Fortuny, secretario del Consejo de Dirección del Instituto Balear de Desarrollo Industrial (IBDI), y Gallego, vocal del Consejo de Dirección del IBDI, tomaron parte el 28 de abril de 1998 de una reunión en la que acordaron, ante la voluntad de crear un nuevo servicio de Promoción Comercial, que éste dispusiera de un administrativo "con gran conocimiento de idiomas" que actuase como traductor.
A pesar de que a la convocatoria concurrieron un total de seis personas, entre ellas Segura, fue ésta quien resultó beneficiaria por parte de la Comisión de Selección que se reunió en mayo y en la que estaban presentes los tres acusados, "animados por el propósito preconcebido de otorgar en cualquier caso la plaza ofertada a la candidata Segura Socías". Así, acordaron "arbitrariamente, por no estar debidamente acreditado por la documentación aportada por los optantes, que de todos los concurrentes la única que reunía los requisitos" era ella.
Es más, el fiscal alude a una reunión de la Comisión de Selección, el 29 de mayo, para entrevistar a Segura, si bien, pese a que se levantó acta del encuentro, firmada "exclusivamente" por los tres inculpados, "lo cierto es que esa entrevista personal no se celebró realmente, pues la señora Segura se encontraba en Argentina, donde había viajado el día anterior", lo que a juicio de Barceló "revela la intención de los acusados de otorgar directamente y sin sujeción a condición alguna, la plaza ofertada" a Segura.
Cabe recordar que la constituida como 'Sala de la discordia' del TSJIB debía deliberar en 2005 sobre la imputación de Matas -investigado en la actualidad en el marco del caso Palma Arena- y de la entonces consellera de Presidencia del Govern Rosa Estaràs en el marco del caso Mapau. Fueron la mayoría de los componentes de la Sala, entre ellos el actual presidente de la máxima instancia judicial de las islas, Antoni Terrasa, quienes votaron en contra del encausamiento de ambos aforados.
La causa, incoada el 10 de junio de 1999, indagaba cómo numerosos descendientes de inmigrantes de Baleares que residían en Argentina fueron inscritos en el censo de Formentera, circunscripción clave en los comicios de 1999 para decantar el color del gobierno autonómico, mientras que se habrían pagado con fondos públicos viajes a Sudamérica que, con el objetivo aparente de dinamizar las Casas Regionales radicadas en el exterior, se habrían destinado a la búsqueda de sufragios en beneficio del PP.
