CAN DOMENGE

La Audiencia acepta que declare en el juicio del caso Can Domenge el capitán del yate donde se pagó un presunto soborno

Los adjudicatarios de los solares habrían pagado una dádiva en la embarcación por hacerse con los terrenos a mitad de precio

ondacero.es

Baleares | 31.10.2012 00:00

La Audiencia Provincial de Palma ha aceptado que, durante el juicio del caso Can Domenge, declaren el capitán y dos marineros del yate en el que se habría producido el pago de un presunto soborno por parte de los dueños de Sacresa, empresa que acabó resultando adjudicataria, de forma supuestamente irregular, de los terrenos palmesanos de Can Domenge tras su venta por parte del Consell de Mallorca por la mitad de su valor en el mercado.

Así lo ha acordado el tribunal de la Sección Segunda, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, en un auto con el que también ha admitido la declaración del representante de Sacresa Joan Maria Pujals, en el marco de una vista oral que prevé celebrarse a lo largo del mes de junio y principios de julio de 2013 con la histórica dirigente de UM Maria Antònia Munar y el exvicepresidente del Consell Miquel Nadal como principales acusados.

Por el contrario, la Sala ha rechazado admitir la comparecencia como testigo, por considerarla "innecesaria", del arquitecto francés Jean Henri Nouvel, autor del proyecto ganador para la construcción de 528 viviendas de diseño en los terrenos cuya venta ha sido investigada durante más de cinco años en un procedimiento judicial que dio inicio con la querella interpuesta por Núñez y Navarro.

La resolución indica asimismo que las sesiones del juicio, en contra de lo decidido inicialmente, arrancarán a las 9.30 de la mañana y concluirán, como máximo, a las 14.30 horas. Tanto Munar como Nadal volverán a sentarse en el banquillo de los acusados junto a otros tres exaltos cargos de la extinta formación 'uemita' y dos empresarios.

Con más de 7.000 folios de sumario y otros tantos de expediente administrativo relativo a la adjudicación presuntamente irregular de los terrenos de Can Domenge, la causa será juzgada en concreto los días 5, 6, 7, 17, 18, 19, 20 y 21 de junio y del 1 al 5 de julio del próximo año.

En concreto, el Ministerio Público solicita seis años de prisión para Munar así como para Nadal; Bartomeu Vicens, exconseller de Territorio, y Miquel Àngel Flaquer, extitular del departamento insular de Hacienda, a raíz de la venta del solar por treinta millones de euros por parte del Consell, la mitad de su valor en el mercado y de lo que ofrecía la empresa querellante Núñez y Navarro.

Sobre los exaltos cargos de UM pesan los presuntos delitos de fraude a la administración (por los que solicitan tres años de cárcel), revelación de secretos (otros tres años) y prevaricación, pese a que la acusación pública no les atribuye ningún delito de malversación de caudales públicos, ilícito que sí mantienen tanto Núñez y Navarro como el Consell, personados como acusación particular.

LOS OTROS ACUSADOS

Los escritos de acusación también se dirigen contra Santiago Fiol, abogado asesor Sacresa considerado "correa de transmisión" entre la empresa y el Consell, y contra el principal accionista de Sacresa, Román Sanahuja, quien presuntamente dirigía la preparación del concurso.

Cabe recordar que, en el marco de esta causa, la jueza instructora, Carmen González, fijó una fianza de responsabilidad civil de 37,1 millones de euros para Munar, Flaquer, Vicens, Nadal y Sanahúja, al tiempo que reclamó a Fiol otra caución por importe de 200.000 euros.

MUNAR Y NADAL, JUZGADOS EN MAYO POR UNA PIEZA DEL CASO MAQUILLAJE

Se da la circunstancia de que el pasado mes de mayo Munar y Nadal se sentaron por primera por primera vez en el banquillo, acusados de desviar 240.000 euros públicos a la productora que ambos controlaban mediante testaferros, a pesar de la incompatibilidad de esta actividad con el ejercicio de sus respectivos cargos en el Consell. Unos hechos por los que la expresidenta del Consell fue condenada a cinco años y medio de cárcel mientras que sobre quien fue su 'delfín' político pesa una pena de dos años y siete meses.

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