El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se ha reunido en la isla de Ibiza con el conseller balear de Turismo, Cultura y Deportes Jaume Bauzá y el presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, para intentar poner en marcha medidas que permitan atajar el problema del alquiler de viviendas turísticas ilegales.
Un problema que todos los participantes han definido literalmente como "una lacra a nivel nacional" ya que, tal y como ha asegurado el ministro "detrás de su proliferación y del lucro de algunos pocos especuladores están decenas de familias que no pueden acceder a un alquiler, jóvenes que no pueden emanciparse o parejas que se separan y no pueden rehacer su vida como es su derecho".
Y por ello, Pablo Bustunduy ha anunciado ante los medios de comunicación que pondrá a disposición de las administraciones baleares y pitiusas "toda la información que ha recabado en los últimos meses la Unidad de Análisis del Ministerio de Consumo con todos los pisos turísticos sin publicitar, con información sobre su número de licencia, el tipo de alojamiento qué es o quienes son sus anfitriones y que se contabilizan en unos 7.000 de los 22.000 que están operando en Baleares".
Tanto que el ministro ha asegurado que "es un recurso valioso para que administraciones con voluntad política suficiente para intervenir puedan hacerlo y ejemplificar la colaboración entre administraciones, necesaria para abordar el problema".
