El asentamiento chabolista ilegal conocido como Can Rova II, ubicado en la parcela 76 del polígono 23 del barrio de Can Negre de Santa Eulària des Riu, continúa siendo una de las principales preocupaciones del Ayuntamiento que preside una Carmen Ferrer que ha denunciado pública en Onda Cero Ibiza y Formentera la situación al tiempo que ha pedido una actuación conjunta y urgente de todas las administraciones implicadas.
En este sentido, la alcaldesa del Partido Popular ha asegurado que "no podemos permitir que esto se consolide como una forma de vida ya que desde que comenzó a formarse a mediados del año pasado ha ido creciendo de forma incontrolada hasta contar con un número indeterminado de personas, incluidos muchos menores, que necesitan vivir en unas condiciones mínimamente aceptables”.
Además, Ferrer ha recordado que desde el inicio se denunció la situación, advirtiendo de la presencia de menores y “de graves riesgos para la seguridad en cuanto a cuadros eléctricos, fosas sépticas, o problemas medioambientales” y ha lamentado que “a pesar de las actuaciones iniciadas desde el consistorio con informes, denuncias y la solicitud de intervención judicial, el proceso está ahora judicializado y en pausa, a la espera de nuevas instrucciones del juez”.
Y en este sentido, la alcaldesa de Santa Eulària ha lamentado también la falta de apoyo de la Administración General del Estado y la politización de un problema que considera estructural y que requiere de una respuesta supramunicipal. “Nosotros estamos convencidos de que si en septiembre se hubiese actuado cuando la llegada de personas a Can Rova II estaba empezando hubiéramos podido impedir el volumen de ocupación actual e intentar frenar un problema que ahora es muy grave”.
Por último, Ferrer ha asegurado que su consistorio “ha puesto a disposición de las personas vulnerables los recursos de servicios sociales”, aunque también ha reconocido que el vallado del asentamiento “ha dificultado el acceso y la atención a quienes allí residen” y que “todo además se complica por la titularidad privada del terreno porque exige trámites adicionales para poder intervenir”.
