Después de que el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo Carlos Paniceres propusiese una plataforma cívica que exija la supresión del peaje de la AP66, el consejero de Movilidad Alejandro Calvo que "el consenso social y político tiene un foro en el que podemos poner de acuerdo sobre las actuaciones que ya tiene en marcha y quiere poner en marcha el Gobierno de Asturias, es la Alianza por las Infraestructuras" Así, dice Calvo y como nos pide el presidente, "lideraremos esa senda y aprovechar de una vez por todas esta oportunidad para eliminar el peaje porque es justo y es necesario"
El peaje es un "agravio histórico" y hay que aprovechar la "oportunidad" que supone un reciente dictamen de la Comisión Europea para terminar con el mismo.
Tras recordar que quien prolongó la concesión del peaje fue el PP, Calvo ha dicho que el Gobierno autonómico considera "justo y necesario" aprovechar este consenso para conseguir que "finalice este peaje de una vez por todas", utilizando como plataforma la Alianza por las Infraestructuras que Asturias Necesita, un foro donde se pueden acordar las actuaciones en marcha.
El responsable autonómico ha confirmado que ya se han dirigido al Ministerio y a la Comisión Europea para "seguir avanzando en esa senda" y resolver definitivamente lo que consideran un "agravio histórico" para la región asturiana.
La Comisión Europea, en el marco de un paquete de procedimientos de infracción, decidió en julio emitir un dictamen motivado en el que solicita a España que respete las normas de la UE en materia de contratación pública, en particular con respecto a los contratos de concesión.
España amplió la duración de las concesiones de las autopistas AP-9 y AP-66 a veinticinco y veintinueve años, respectivamente, y más adelante vendió las dos empresas concesionarias sin iniciar procedimientos de licitación previos ni publicar un anuncio a escala de la UE.
La Comisión explicaba que, en virtud de la Directiva 93/37/CEE (aplicable en aquel momento) y de los principios de igualdad de trato y transparencia que subyacen a las normas de la UE en materia de contratación pública, estas ampliaciones constituyen modificaciones sustanciales equivalentes a la adjudicación de nuevos contratos de concesión y, por lo tanto, requieren un procedimiento de licitación.
Por consiguiente, la Comisión envió el dictamen motivado a España, y le dio dos meses para responder y adoptar las medidas necesarias. Sin embargo, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, una vez cumplido el plazo ha decidido mantener el peaje.
Transportes señaló esta semana que aportó las aclaraciones precisas y la información justificativa a tener en cuenta a la hora de que se pueda realizar una valoración "siempre en defensa de los intereses generales de España".
