La defensa de los procesados alega la prescripción de los delitos y la vulneración de derechos de parte de ellos
OVIEDO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -
El que fuera secretario general de UGT Asturias, Justo Rodríguez Braga, ha declarado este martes ante la jueza que "niega rotundamente" los hechos que se le imputan y ha insistido en que la formación era y es "de importancia máxima y parte fundamental" para la organización y ha calificado de "confabulación" la acusación contra UGT.
Ha explicado que la relación de UGT Asturias con IFES era "una relación comercial", porque era con quien se subcontrataba parte de la formación --en torno a un 40%-- admitiendo que el secretario de formación de UGT estaba en el patronato de IFES "porque así lo consideraba la Fundación".
"Mi relación con esa empresa era una relación normal, somos organismos totalmente diferentes, se que hay mucha leyenda urbana al respecto pero no hay nada de eso, de ninguna manera, nunca mientras yo fui secretario general impusimos quien debía ser el delegado de IFES", ha explicado.
Lo ha hecho en la primera jornada del juicio a los seis dirigentes de UGT acusados de fraude en la gestión de cursos de formación, para los que el fiscal solicita penas que superan los 40 años de prisión. En el caso de Rodríguez Braga el fiscal pide para él una pena de 10 años de prisión.
El acusado ha explicado las labores que le correspondían como secretario general de UGT y ha manifestado que "no estaba en la gestión pormenorizada", como por ejemplo la presentación de justificación de costes ante la Administración que concedía las subvenciones para la actividad formativa.
Ha indicado que para el sindicato "la formación es un elemento fundamental" y ha manifestado que "tenía confianza plena en las personas que llevaban" ese asunto. "Nunca habíamos tenido problemas", ha dicho Rodríguez Braga, que ha indicado que era la Secretaria de Formación era quien decidía lo que se hacía o no. Ha indicado que todo lo que hacían en relación a la formación estaba "validado por el SEPEPA y había muchos controles y auditorías"
DELITOS PRESCRITOS
La declaración de Rodríguez Braga arrancó pasadas las 13.00 horas y ha respondido a todas las partes, a excepción de la acusación particular. Previamente a la declaración de Justo Rodríguez Braga, en el trámite de cuestiones previas, las defensas han intentado tumbar la investigación llevada a cabo por la UCO y por la Fiscalía alegando la prescripción de los delitos y la vulneración de los derechos fundamentales de algunos de los procesados.
Así, el primero en intervenir ha sido Francisco Alonso, el letrado de la defensa del ex secretario general de UGT, Justo Rodríguez Braga, que ha pedido la nulidad de la instrucción. Rodríguez ha tratado de justificar que durante el procedimiento se vieron conculcados y vulnerados algunos derechos fundamentales de los acusados como el derecho a la tutela judicial efectiva de los acusados por no haber presentado el fiscal una serie de documentación que les ha provocado indefensión.
También la defensa ha aludido a la prescripción de algunos de los delitos que se les imputan a los acusados y ha destacado que otros no existían en la supuesta fecha de su comisión. Una cuestión que también ha sido planteada por los letrados del resto de los acusados.
Todas las cuestiones previas planteadas por la defensa han sido rebatidas por el fiscal, por las acusaciones particulares y por la propia magistrada que las ha desestimado como cuestiones previas, por lo que las mismas deberán ser aclaradas en la sentencia.
PENAS QUE SUMAN 40 AÑOS DE PRISIÓN
Los seis dirigentes de UGT acusados de fraude en la gestión de cursos de formación se enfrentan a penas que superan los 40 años de prisión. Entre los procesados se encuentra el exsecretario general del sindicato en Asturias, Justo Rodríguez Braga, que se enfrenta a una petición de diez años de cárcel.
El escrito del fiscal evidencia que tanto Rodríguez Braga, como la secretaria de Administración, Mónica Menéndez, y el de Formación, Manuel Díaz, participaron de una "actuación concertada" para desviar "de forma sistemática" los fondos públicos recibidos vía subvención tanto por el sindicato como por IFES, respecto a los fines para los que les fueron concedidos. Estas operaciones les permitieron obtener con cargo a las subvenciones "beneficios económicos que revertían principalmente en la propia organización sindical".
Para llevar a cabo esta "operativa fraudulenta", contaron con la "necesaria colaboración" del entonces Delegado Territorial de IFES en Asturias, ya fallecido, y con la ayuda de los encargados de la administración y contabilidad en UGT Asturias y la Delegación Territorial IFES --Alberto González y Silvia Sariego respectivamente--. Contaban además con la "cooperación o auxilio" de la administradora de dos empresas, María Jesús Ocaña.
Los importes defraudados se destinaban, entre otras, al sostenimiento de gastos estructurales del sindicato, en especial costes de su personal laboral. Otra parte se orientó a capitalizar una sociedad vinculada del sindicato para cubrir pérdidas generadas en otras actividades llevadas a cabo por UGT Asturias, como una promoción inmobiliaria en La Felguera.
