El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Oviedo ha instado al alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli (PP) a ordenar a la empresa Bosque y Valle la devolución de la liquidación del primer contrato para las obras del Bulevar de San Julián de Los Prados, de 300.016 euros.
Así consta en una providencia del magistrado Miguel Ángel Carbajo relativa a la causa iniciada por el PSOE en el anterior mandato ante la decisión del Ejecutivo que formaban PP y Ciudadanos de rescindir el contrato de redacción del proyecto para este espacio. A cambio de la rescisión, el anterior Equipo de Gobierno, también liderado por Canteli, acordó abonar 300.000 euros a Bosque y Valle. Sin embargo, una sentencia declaró nulo de pleno derecho este acuerdo, obligando al Ayuntamiento a pedir la devolución.
El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha explicado que esta providencia insta al Ayuntamiento a cumplir una sentencia que "no se ha ejecutado" por la que el Consistorio debía exigir la devolución de esos 300.000 euros.
Para el PSOE la importancia de esta decisión judicial reside en el hecho de que apela directamente al alcalde. "Es evidente que una vez más nos encontramos ante una situación clara de mala gestión", ha apuntado.
El edil Jorge García Monsalve ha lamentado que el Equipo de Gobierno lleve "meses jugando al gato y al ratón" con la justicia, y ha recordado que legalmente el contrato con Bosque y Valle sigue vivo aunque el Ayuntamiento tenga ahora otros contratos y esté ejecutando otras obras en el mismo espacio.
"El Ayuntamiento tiene que ejecutar el contrato o declararlo nulo", ha resumido el concejal, remarcando que una administración no puede mantener esta situación "indefinidamente". A su juicio, haber llegado a "este extremo" después de meses, denota "una gestión totalmente inoperante".
El Ayuntamiento tiene diez días desde la notificación de esta providencia para identificar al funcionario responsable de la ejecución de la devolución en un plazo de diez días, instando al alcalde a exigir la devolución del dinero si no se identifica a dicho funcionario. El regidor tendrá también diez días para exigir a la empresa la devolución del dinero.
Contra esta resolución cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días.
