El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible elude alinearse con la consideración de ilegalidad que realiza la Comisión Europea sobre la prórroga del peaje de El Huerna y alega "interés general de España". El departamento de Óscar Puente responsabiliza al PP de la continuidad del cobro por pasar por la AP66 Asturias-León. Todo ello en la respuesta remitida esta mañana a Bruselas al terminar el plazo dado por el gobierno comunitario para posicionarse sobre el dictamen de ilegalidad del peaje.
En la respuesta, el Ministerio asegura que se aportan "las aclaraciones precisas y la información justificativa a tener en cuenta a la hora de que se pueda realizar una valoración siempre en defensa de los intereses generales de España". Desde Transportes recuerdan que esta fase aún no supone el final de procedimiento y avanzan que analizarán los siguiente pasos de la Comisión Europea con este recurso para, llegado el caso, agotar las posibles opciones de respuesta.
El Ministerio señala que la prórroga de la concesión de la autopista de peaje AP-66 fue aprobada en el año 2000 por el Gobierno del PP, presidido por José María Aznar, hasta el año 2050. "Si estamos en esta situación, por tanto, es responsabilidad única y exclusiva de los gobiernos del Partido Popular. Le corresponde al PP explicar los motivos por los que adoptó una decisión que claramente es perjudicial para los ciudadanos", añaden desde el departamento dirigido por Óscar Puente.
Añaden que para "paliar la gestión del PP" que llevó a alargar los peajes de la autopista, el actual gobierno ha apostado por una "ambiciosa política" de bonificación de peajes de esa autopista. "Desde 2018 y hasta final junio de este año, los usuarios se han ahorrado más de 58,5 millones de euros al circular por la AP-66, en bonificaciones directas o limitando la subida de los peajes", han explicado.
La Comisión Europea, en el marco de un paquete de procedimientos de infracción, decidió en julio emitir un dictamen motivado en el que solicita a España que respete las normas de la UE en materia de contratación pública, en particular con respecto a los contratos de concesión.
España amplió la duración de las concesiones de las autopistas AP-9 y AP-66 (Huerna) a veinticinco y veintinueve años, respectivamente, y más adelante vendió las dos empresas concesionarias sin iniciar procedimientos de licitación previos ni publicar un anuncio a escala de la UE.
La Comisión explicaba que, en virtud de la Directiva 93/37/CEE (aplicable en aquel momento) y de los principios de igualdad de trato y transparencia que subyacen a las normas de la UE en materia de contratación pública, estas ampliaciones constituyen modificaciones sustanciales equivalentes a la adjudicación de nuevos contratos de concesión y, por lo tanto, requieren un procedimiento de licitación.
