El portavoz municipal, Carlos López, explica que la condena ha sido en concepto de recargo sobre la prestación reconocida inicialmente relativa a la pensión de un funcionario que acabó jubilado por el acoso sufrido en el desempeño de su trabajo.
Que hubo una falta de prevención y quieren saber si hubo dejación de funciones en el gobierno actual para solicitar la responsabilidad patrimonial. “Se motiva en una falta de prevención y en no tramitar expediente disciplinario”, algo que debería de haber abordado el actual equipo de gobierno.
Añade que el actual gobierno (a quien le explotó el caso en las manos, al datar de la corporación anterior) al no iniciar el correspondiente expediente, “dejó prescribir las infracciones disciplinarias y es, por tanto, corresponsable de la sanción”. Dice que el recargo de prestaciones “sólo se aplica cuando hay responsabilidad empresarial, por tanto, y en contra de lo que afirma el gobierno local, no es una cuestión ajena al Ayuntamiento”.
De ahí que el actual gobierno local tiene la obligación de tramitar un expediente de responsabilidad patrimonial para resarcir al Ayuntamiento “de los cuantiosos daños económicos que ha ocasionado este caso”.
La concejala de personal, Sandra Gil, ha lamentado la sanción, y que fue la primera sorprendida en tener que afrontar ese gasto “la S.S. considera que hay responsabilidad por parte del Ayto. en cómo se gestionó el tema del trato al trabajador municipal, puesto que la sentencia del 2016 hablaba de acoso laboral”. Por tal motivo dijo que la tienen que cumplir y abonar.
Recordó, que ella formaba parte de ese gobierno, pero que no tenía la cartera ni de personal, ni de servicios sociales, y que en el año 16 hubo una sentencia relativa a varios trabajadores municipales que salpicó subsidiariamente al alcalde y a la edil del área con una cuantía de 6.000 €. Añade que se trata de “un caso grave como es el de acoso laboral”, y que a toro pasado se podría haber hecho mejor o peor las cosas.
Ante la petición de responsabilidad patrimonial, explicó que hay pendiente un proceso judicial que califica “de importante, con inhabilitaciones incluidas”, aguardaran el fallo, y también en función de los informes de los servicios técnicos municipales oportunos actuaran.
“Nosotros nos basaremos en lo que el informe jurídico nos pueda dar el secretario, y el de fiscalización por parte del interventor. Y a partir de ahí tomaremos las decisiones que correspondan”.
Recrimina al PP estar en otro lado de la bancada pidiendo responsabilidades, y que para ellos las cosas nunca están bien y todo mal. Que este caso lo resolverán “en función a la legalidad” y “obraran en consecuencia”.
Termino diciendo que al inicio de la legislatura le ofrecieron al trabajador adaptarse en lo que fuere necesario para el desempeño laboral, algo que no fructificó por la otra parte.
