Estas declaraciones han provocado una cascada de reacciones en la oposición asturiana, que reclama transparencia y criterios claros en la campaña de vacunación. Anuncian iniciativas parlamentarias en este sentido.
Podemos rechaza que se vacune a directivos "de despacho y moqueta", poniendo como ejemplo al presidente del Montepío y la Mutualidad de la Minería Asturiana, Juan José Pulgar. No descartan llevar este tipo de casos ante la Fiscalía, aunque el Montepío ya ha emitido una nota de prensa en la que justifica la inmunización de su cabeza visible.
Al Partido Popular le avergüenza que se vacune a directivos y liberados sindicales "mientras todavía hay personal de primera línea esperando a ser vacunados". Solicita que se haga público el listado de personas beneficiarias de esta situación. Su diputada Beatriz Polledo es partidaria de que "los que están en sus despachos y no tienen, ni una exposición directa al virus ni ningún tipo de vulnerabilidad por edad, deben esperar su turno".
ForoAsturias exige explicaciones porque, afirma su portavoz, Adrián Pumares, no le convencen las explicaciones y justificaciones del SESPA. Pumares no entiende que el personal directivo o sindical reciba la vacuna antes que personas de más de 80 años "con alto riesgo de enfermedades y complicaciones".
Ciudadanos, por su parte, pide mano dura para actuar contra aquellos que se "salten la cola" de la vacunación. Y en el caso de ostentar cargos políticos, reclama que sean apartados de forma fulminante. Creen que la campaña de vacunación debe ser clara porque de lo contrario, advierte su portavoz Susana Fernández, la ciudadanía puede concebir este tipo de prácticas "como otro fracaso de la clase política".
Izquierda Unida es partidaria de establecer protocolos y prioridades claras. Su diputado, Ovidio Zapico, quiere evitar que Asturias vea a "auténticos caraduras y sinvergüenzas que se cuelan en el proceso de la vacunación".
Vox pide directamente dimisiones. La de todos aquellos implicados en la vacunación de directivos y liberados sindicales, incluida la del Consejero de Salud, "máximo responsable de este fraude a los asturianos".
El principal caso conocido de una liberada sindical vacunada es el de la concejala socialista de Castrillón, Carmen Piedralba. En un primer momento la FSA-PSOE la apartó temporalmente de militancia, pero hoy ha decidido readmitirla al entender que su vacunación "se ajustó, según el SESPA, al plan nacional de vacunación por su función de trabajadora sanitaria, aunque en este momento ejerza como liberada sindical, y no hubo, por tanto, ningún trato de favor derivado de sus responsabilidades institucionales".
El Principado ha insistido este martes en que seguirá vacunando contra el COVID-19 a los sanitarios que están en primera línea "teniendo en cuenta el grado de exposición y el papel que cada profesional tiene dentro de la pandemia". Acaba de recibir 2.340 viales que garantizan la segunda dosis a las personas inmunizadas en la segunda semana de la campaña y aumentar el ritmo de administración a los profesionales sanitarios.
