Por el momento solo se habla de fase definitiva en 2026, pero no se dan plazos concretos para su aprobación porque el concejal de servicios sociales, Guzmán Pendás, no se la quiere jugar con los tiempos de la administraciones. El objetivo es tenerla lista “lo antes posible, porque Gijón debe ser una ciudad que elimine todas las barreras, visibles e invisibles, para toda su ciudadanía”. Se garantiza que será una ordenanza útil, realista y participada, que responda a las necesidades de quienes viven la discapacidad cada día y convierta a Gijón en un referente de accesibilidad e inclusión”.
La trabajadora social que la coordina, Patricia Fernández, no ha explicado que partirá del trabajo hecho anteriormente y se tendrá en cuenta la ordenanza aprobada en Zaragoza y que se considera referente. Pero en el caso de Gijón, que se convertiría en el primer municipio asturiano en dar el paso, no solo se contemplarán barreras físicas y cognitivas, sino también psicosociales. Seremos pioneros en tener en cuenta a personas con problemas de salud mental y garantizar que todas las personas acceden a entornos o servicios en las mismas condiciones que el resto. La concienciación y sensibilización de la ciudadanía será importante en ese sentido.
A Guzmán Pendás le hemos preguntado además por el incidente ayer con 300 vecinos del Natahoyo que se oponen al traslado del albergue Covadonga al Hogar de San José. Pendás insiste en que es un traslado provisional basado en decisiones técnicas, por lo que es una decisión tomada. Pero afirma entender a los vecinos (no todos, porque los que protestaron no son todos, dice) y les recuerda que el albergue seguirá en donde está ahora en cuanto finalice la reforma.
