Para el gobierno local la culpa del fracaso (el segundo) del plan ha sido la reticencia del Principado a actualizar el precio del módulo de la vivienda protegida. Actualmente está en 2.124 euros/m2. Los constructores piden una subida mínima del 20 por ciento (el 40 afirma el gobierno asturiano que pretenden) porque con los precios actuales de materiales no les salen las cuentas. El director general afirma que están dispuestos a subirlo pero siempre buscando "un equilibrio". Porque, dice Daniel Sánchez, las constructoras "no son una ONG" pero el gobierno regional tiene claro que la vivienda pública tiene una "finalidad social". Que una vivienda protegida cueste 270.000 euros no es una opción para una consejería que "se pone del lado de la ciudadanía".
El equipo de gobierno advierte que sin modificar ese precio no se construirá vivienda pública ni en Gijón "ni en ningún otro sitio". A no ser que lo haga el Principado, quien ha vuelto a reclamar al consistorio que ponga a su disposición suelo para construir. "Queremos hacer más pero no nos dejan". Sin embargo, hay voces que denuncian que las construcciones que hace el ejecutivo regional de vivienda sale por más dinero que el que se ofrece a constructores. Daniel Sánchez cree que se trata de una comparativa "malintencionada" y defiende una vivienda de calidad a precio asequible.
