Un sacerdote jesuita (F.M.) que trabajó en el colegio San Ignacio de Oviedo entre 2016 y 2021 ha sido denunciado en Palma de Mallorca, junto a otro jesuita y un sacerdote diocesano, ante la justicia penal ordinaria por presuntos abusos sexuales ocurridos en la isla durante 30 años. La denuncia penal se interpuso en abril de 2023. En el colegio ovetense celebraba las misas más relevantes del año, en las que participaban los alumnos del centro, incluidas las celebraciones de Primera Comunión.
La Compañía Jesuita en Asturias ha confirmado que el sacerdote estuvo destinado desde septiembre de 2016 a 2021 en Oviedo, y en ese tiempo no se ha conocido "ningún episodio negativo" vinculado a él. Una vez trascendió la primera denuncia en 2021, interpuesta ante el tribunal diocesano de Mallorca, "se ordenó su salida inmediata" a una comunidad de la Compañía en la que permanece aislado.
Al hilo de este suceso, la Compañía de Jesús en Mallorca ha emitido un comunicado en el que lamentan el daño ocasionado a la víctima, y asegura que conocieron la acusación en abril de 2021 a través de la denuncia de la víctima al obispado de Mallorca.
En junio de 2021 se impusieron nuevas medidas cautelares a los denunciados, que incluyen la restricción de movilidad, limitación completa de su actividad pastoral, prohibición de actividades con menores y adultos y obligación de ser sometidos a una evaluación psicológica. "Los acusados residen en comunidades de jesuitas donde dichas medidas se puedan cumplir", asegura la Compañía.
De forma paralela, el provincial de España abrió dos procesos canónicos de investigación previa y los jesuitas quedaron bajo supervisión de sus superiores. Explican además que la delegada de Entorno Seguro inició un contacto con la víctima denunciante que se mantiene en la actualidad.
En relación al sacerdote diocesano, el Obispado de Mallorca ha explicado que nada más tener conocimiento de los hechos se inició una investigación que fue remitida a la entonces Congregación de la Doctrina de la Fe (actualmente Dicasterio de la Doctrina de la Fe) de Roma, organismo competente por estas causas penales.
Mientras tanto, el obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, impuso como medidas cautelares, teniendo en cuenta que no tenía ningún cargo pastoral, prohibición del ejercicio público del sacerdocio, el seguimiento psicológico y "una seria dirección espiritual".
Tras la denuncia, han añadido, el tribunal diocesano, siguiendo los protocolos establecidos, trasladó el caso contra los presbíteros religiosos jesuitas a sus Superiores Mayores, dado que el tribunal diocesano era incompetente para investigar a estos religiosos en esta causa y así la congregación religiosa pudiera llevar a cabo su procedimiento.
La Congregación Romana decretó el inicio de un proceso administrativo penal para clarificar los hechos denunciados, que por diferentes causas se ha prolongado en el tiempo.
Según han añadido, ahora se está a la espera de la resolución judicial final de los organismos romanos, que según las noticias "es próxima".
El Obispado ha reiterado su intención de cooperar con las autoridades judiciales del Estado, a quienes se les proporcionará toda la información necesaria para facilitar la investigación judicial que se tenga que llevar a cabo.
