El incendio que se produjo la semana pasada en el centro de menores extranjeros no acompañados de la calle Comadre de Teruel fue intencionado y el menor, al que presuntamente se le atribuyen estos hechos, está tutelado por la Generalitat de Cataluña, aunque se encontraba en nuestro territorio en situación de guarda. El Gobierno aragonés solicitó a la Comunidad Autónoma vecina que se hiciera cargo de él, pero se negó al traslado. El fiscal encargado del caso ha solicitado el internamiento del menor en régimen cerrado hasta la celebración del juicio. Una vez se dicte sentencia firme, el Gobierno de Aragón solicitará su traslado a Lérida y reclamará a la Generalitat el coste de reparación de los daños ocasionados en el centro turolense y un importe por la responsabilidad civil. La consejera de Políticas Sociales, Carmen Susín, ha señalado que la actual política de menores del Gobierno de España “está tensionando los sistemas de protección cuando en algunos casos no hay personal suficiente o tienen que afrontar otros problemas como trastornos de conducta”.
