l presupuesto supera el millón de euros y los 141 funcionarios del IASS podrían trasladarse a ese inmueble a principios del año 2019. Cuando concluya la segunda fase de las obras, unos 500 empleados públicos trabajarán en los antiguos juzgados de la capital aragonesa, donde atenderán a cerca de 100.000 usuarios cada año. La consejera de Derechos Sociales, María Victoria Broto, cree que las nuevas instalaciones permitirán dar una mejor atención.