El presidente de la Unión de Consumidores de Aragón, José Angel Oliván, asegura que da igual quién tenga más o menos razón en el conflicto del bus urbano. Califica como algo insólito que una empresa sea incapaz de resolver un conflicto laboral durante 631 días; y señala que la Justicia europea ya estableció hace tiempo, a propósito de las huelgas en las compañías aéreas, que un conflicto laboral que se traduce en huelga no es causa de fuerza mayor para justificar el cumplimiento de las obligaciones de las empresas.
Según Oliván, el precedente comunitario da amparo legal al Ayuntamiento de Zaragoza para incoar un expediente de resolución de contrato con Avanza y buscar una alternativa. Afirma que hay cientos de contratas gestionando el transporte en muchas ciudades de España, todas tienen sus conflictos laborales, pero ninguna acumula casi dos años de conflicto.
Sobre el papel que hasta ahora está teniendo el Ayuntamiento, el presidente de la UCA cree que el gobierno de Azcón se ha alineado, de forma innecesaria, con la empresa y tendrá que explicar por qué. También cree que el alcalde tendrá que aclarar si de sus palabras en el Debate sobre el Estado de la Ciudad al hablar en primera persona del plural del dinero que se ha puesto encima de la mesa de negociación se deduce que el Ayuntamiento va a poner el dinero que no está dispuesto a poner la empresa.
