El Ejecutivo autonómico había solicitado datos como la fecha de llegada, la identificación del menor, su situación administrativa, características personales o el idioma materno. El Ejecutivo mantiene el recurso que presentó ante el Constitucional contra esta medida porque apenas llegarán MENAS a Cataluña, pero reiteran que cumplirán la ley. De hecho, trabajan ya en la escolarización, sanidad y futura inserción laboral de esos menores.
Desde el Gobierno aragonés lamentan la ausencia de colaboración del Estado cuando esta acogida les obliga a duplicar el sistema de protección de menores. La consejera de Bienestar Social, Carmen Susín, critica la actitud del Gobierno de España, ya que considera que el PSOE sólo busca contentar a los socios de investidura. Y es que apenas llegarán menores a Cataluña y País Vasco.
Por su parte, la ministra de Inclusión, Elma Saiz, insiste en que no va a haber excepciones en el reparto de menores migrantes en las Comunidades Autónomas y apela a la solidaridad de los territorios. Es más, reclaman a las regiones gobernadas por el Partido Popular que cumplan con la norma y no se declaren insumisas.
