El Gobierno de Aragón ha abierto un expediente disciplinario al responsable del servicio provincial de tutela y protección a la infancia en Zaragoza, mientras se investigan los presuntos maltratos cometidos en el centro de atención a menores de Ateca. También preparan una reclamación administrativa por daños y perjuicios contra la UTE gestora del centro, formada por el la Fundación Salud y Comunidad con el grupo Lagunduz, a quienes acusan de incumplir el contrato. El objetivo es rescindir ese concierto y cualquier otro en el que participen, y excluirlos de futuras licitaciones.
Además, la consejera de Bienestar Social, Carmen Susín, prevé realizar una auditoría de todos los contratos similares en vigor, para comprobar si existen riesgos o se han producido otras negligencias en la atención a menores. Con toda la información que recaben, acudirán a los tribunales si hay indicios de otros delitos, o depurarán responsabilidades internas si fuera necesario.
El Gobierno de Aragón llegará "hasta las últimas consecuencias" en su investigación interna
"Hasta que no esté resuelto y puestas en marcha las medidas para evitar casos similares, el Gobierno no va a descansar", ha afirmado Susín, quien también se ha comprometido a llegar "hasta las últimas consecuencias" y seguir protegiendo a los colectivos vulnerables "cueste lo que cueste".
La consejera ha confirmado que los menores del centro de Ateca han sido reubicados, incluidos cinco que se habían fugado. Algunos han regresado al País Vasco y Baleares, cuyos gobiernos son responsables de la tutela, aunque tenían las plazas concertadas en Aragón.
