El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Real Decreto que detalla capacidad de acogida de menores migrantes de cada Comunidad Autónoma. Es el paso previo a la distribución por toda España de unos 3.000 menas que están en zonas sobreocupadas: Canarias, Ceuta y Melilla.
Según datos de julio del Ministerio, Aragón recibirá 251 menores no acompañados. Para el reparto se han tenido en cuenta criterios de población, renta o tasa de paro. Las comunidades que recibirán más menas serán Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Galicia. En cambio, Cataluña y País Vasco no recibirán ninguno, según el Ministerio, por el esfuerzo de acogida que han hecho en años anteriores.
La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha destacado que este decreto es un "paso importantísimo para garantizar los derechos de la infancia migrante. Estamos hablando de niños y de niñas que llegan solos a nuestro país y a los que tenemos la obligación de darles una acogida digna, solidaria y, si me permiten, también humanitaria".
El acuerdo establece una ratio de 32,6 plazas para menores no acompañados por 100.000 habitantes. Aragón tendría que pasar de las 104 plazas actuales a 441.
Una vez publicado en el BOE, los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón analizarán el real decreto y el reglamento aprobado hoy para el traslado de los menores. El ejecutivo ya avisó de que recurrirá todos los actos normativos y administrativos surgidos del acuerdo que excluye a Cataluña y al País Vasco del reparto, y que está basado "en el interés exclusivo de Pedro Sánchez y en sus pactos con sus socios independentistas".
Otro aspecto de la norma aprobada que no ha gustado en Aragón es la atribución a los delegados y subdelegados - pese a que carecen de competencias en la materias - de la capacidad de decidir a qué comunidad se traslada a un menor, sin atender a criterios técnicos o humanitarios.
Trabajo de las entidades
En Aragón, una de las entidades que acoge menores no acompañados es CEPAIM, que cuenta actualmente sólo con ocho plazas repartidas en dos pisos alquilados. Esto permite una intervención totalmente personalizada y cercana. La posibilidad de aumentar las atenciones se ve muy condicionada por las limitaciones en el acceso a la vivienda.
La directora de la Fundación, Pilar Bernardó, señala que el mayor problema para las entidades sin inmuebles en propiedad "es la posibilidad de alquilar pisos para acoger a estos menores. Primero, porque existe una reticencia social a tenerlos cerca. Y luego porque ya sabemos que el principal problema de este país, por mucho que nos quieran hacer creer que es la migración, realmente es la vivienda".
