ASAJA Huesca y Lleida denuncian las graves repercusiones que el Real Decreto del porcino para la ganadería de ambas provincias. Dicho decreto, que establece nuevas exigencias de bienestar animal para las explotaciones de porcino españolas, entra en vigor el próximo 9 de marzo por lo que desde ASAJA se ha solicitado al Ministerio una moratoria hasta fin de año para trabajar en su modificación. Para las explotaciones de porcino de Huesca y Lleida su aplicación supondría la reducción de entre un 10 o un 15% de la carga ganadera, lo que significaría una reducción de 800.000 animales menos, que en kilos de carne se traduciría en 80.000 toneladas menos, tal y como indicaba Ramón Solanilla, secretario genera de ASAJA Aragón.
Solanilla subraya las pérdidas económicas que supondría para las dos provincias, no sólo para los ganaderos sino para todos los sectores en torno al porcino. "No puede ser que en España estemos legislando con normativas más restrictivas que las europeas. Eso nos hace perder competitividad y supone además problemas de cara a la exportación, ya que si las empresas de suministro de carne no cumplen con los compromisos adquiridos podrían ser sancionadas". ha apuntado Solanilla.
Por otro lado, los ganaderos de Huesca y Lérida tienen que hacer frente a la rebaja de 30 a 15 días en los PCR de lengua azul, lo que está ocasionando importantes incidencias en la exportación con graves costes para los ganaderos. Tal y como ha señalado Solanilla, "desde hace un año, debido a la estricta normativa de bienestar en el transporte, las explotaciones ambas provincias solo cuentan con el puerto de Tarragona como salida para sus exportaciones. La reducción del plazo de las analíticas en quince días tampoco ayuda, ya que es muy difícil organizar un barco en esos plazos. Por eso pedimos al Ministerio que se vuelva a la situación anterior y que la validez de las analíticas sea de un mes, ya que la repetición de las mismas tiene un coste de más de 30.000 euros".
Por su parte, el presidente de ASAJA Lleida Pere Roque ha incidido en los altos costes del seguro agrario que deja a ganaderos y fruticultores al borde de endeudarse para su contratación. "En este momento muchos agricultores optan por dejar de contratar seguros, debido a esos elevados costes", ha explicado. Roque también se ha referido al enfrentamiento con el Gobierno por el Tratado UE-Mercosur que perjudica seriamente a los agricultores y ganaderos europeos, especialmente a provincias como Huesca y Lleida con modelos generalizados de explotaciones familiares agrarias. “Con ese tratado el Gobierno central o quiere que no haya alimentos en España o quiere que nos vayamos a producir a terceros países”, ha señalado Pere Roque. “No hay cláusulas espejo que valgan ni sanitariamente ni laboralmente, ya que esos países están utilizando para la producción agrícola y ganadera productos químicos prohibidos desde hace mucho tiempo en Europa y sus trabajadores no cuentan con normativas de trabajo tan restrictivas como las de aquí.
