Desde que entró en vigor ahora un año la Ley de la Eutanasia, en Aragón se han cursado 18 solicitudes. De ellas, cuatro han tenido el visto bueno para la muerte asistida del solicitante y una está en proceso de estudio. En total, durante el proceso, trece peticiones han sido denegadas, cinco por el fallecimiento de la persona, y las ocho restantes por no pasar los distintos filtros.
El proceso de la eutanasia es muy garantista y se reserva a casos de enfermedad grave incurable y padecimiento crónico. Una Comisión de Garantías estudia cada caso, y además, los pacientes son informados sobre tratamientos o alternativas. Las personas enfermas pueden solicitarla como acto deliberado y por voluntad propia. En caso de personas incapacitadas, deben contar con un documento de voluntades anticipadas.
Además, los pacientes pueden escoger entre administrarse ellos mismos los fármacos que acabarán con su vida o que lo hagan profesionales sanitarios.
Morir Dignamente valora la aplicación
José Luis Trasobares, miembro de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, valora que la Ley se está aplicando adecuadamente en Aragón y el trabajo del sector sanitario, aunque considera demasiado farragoso el proceso. Cree que, con el tiempo, se agilizarán los tiempos.
Además, ha recordado que una paciente se suicidó tras haber realizado una solicitud que se cursó con problemas. Esa situación se no ha repetido. La Asociación aboga por la creación de un observatorio para analizar el cumplimiento de la ley y prepara estudios también en ese sentido.
Actualmente hay 1.026 profesionales sanitarios objetores.
