Así, todas las instituciones académicas privadas deberán destinar el 5% de su presupuesto a la investigación y captar un 2% de manera externa. El 50% del profesorado debe ser doctor y el 60% tener experiencia en investigación. Además, deben impartir, al menos, 10 grados y seis másteres en tres ramas y contar con 4.500 estudiantes. También deberán ofrecer un 10% de plazas de alojamiento y presentar aval bancario. La ministra de Ciencia, Diana Morant, señala que esos criterios garantizan la formación del estudiante de las universidades privadas que ya suponen el 30% del total.
El nuevo decreto pone en jaque la puesta en marcha de tres nuevas universidades en nuestro territorio. Son The Power University y la Universidad Internacional de Aragón, que quieren instalarse en Zaragoza, y la Universidad Niccoló Cusano en Calatayud. Aunque el ejecutivo autonómico les dio luz verde y remitió hace meses los expedientes, el Ministerio no ha emitido todavía el informe correspondiente para autorizarlas. Tampoco respondió a las alegaciones presentadas al borrador del decreto aprobado hoy.
La consejera de Universidades del Gobierno aragonés, Claudia Pérez, critica duramente ese decreto porque invade competencias autonómicas y sólo tiene en cuenta las necesidades universitarias de País Vasco y Cataluña. Además, lastrará la creación de plazas de educación superior que Aragón quiere impulsar para dar respuesta a las inversiones anunciadas.
NCI Calatayud
Por ejemplo, el proyecto de la Universidad Niccoló Cusano prevé impulsar 14 grados vinculados a las áreas de las Ciencias Sociales, la Salud y la Ingeniería. Se ubicaría en el edificio de la antigua azucarera y sería una oferta híbrida presencial y virtual. Tenían previsto comenzar su actividad en el curso 2026- 2027.
Esta iniciativa de capital italiano plantea crear 3.000 plazas, lejos de la cifra que marca el Ministerio. El abogado de esa universidad, Paolo Indolfi, recuerda que su expediente ya está en trámite y que analizarán el decreto del Ministerio.
