El Gobierno de Aragónva a trasladar a la Fiscalía el expediente de compra de un lote de mascarillas defectuosas adquirido el 2 abril de 2020 al entender que la empresa vendedora podría haber estafado al anterior ejecutivo de Javier Lambán. El objetivo de este movimiento judicial es que se practiquen diligencias y se aclare si existió un delito por parte de la vendedora para depurar luego posibles responsabilidades penales o civiles.
Ese contrato ascendió a más de 240.000 euros pero el problema están en una partida defectuosa de 10.000 mascarillas por la que el Gobierno actual va a reclamar en los juzgados a la empresa más de 25.000 euros. Cada tapabocas costó 4,15 euros, muy por encima de los 0,75 euros de lo que costaban las de uso médico. La compañía vendedora pertenece al grupo Santa Catalina, denunciado por Canarias por supuesta estafa en la venta de vacunas.
La consejera de Bienestar Social, Carmen Susín, recrimina al anterior Gobierno su inacción y su dejación de funciones en este asunto, porque pese a las deficiencias detectadas, no recurrió a la vía judicial. Además, considera acreditado que la empresa suministradora falseó la efectividad de las mascarillas.
“Si se ha estafado a los ciudadanos con dinero público”, dice Susín, “la obligación del Gobierno es trasladar los hechos a la Fiscalía para que analice si hay un delito a los aragoneses con algo tan sensible como los EIPS en un momento en el que se estaba sufriendo muchísimo”.
