El Justicia de Aragón ha publicado un informe especial en el que analiza las situaciones de riesgo de los menores de edad, derivadas de problemas relativos a la salud, educación o violencia familiar y detectadas por los profesores, sanitarios o fuerzas y cuerpos de seguridad.
El año pasado se declararon 724 de esas situaciones de riesgo. Según datos del ejecutivo autonómico, entre 150 y 200 menores de los menores afectados fueron acogidos por otras familias y otros 300 en residencias, aunque no siempre es necesario que salgan de su ámbito familiar, al no existir desamparo por parte de los progenitores. En Aragón, además, no hay ningún menor de 6 años institucionalizado en residencias.
El asesor de Infancia del Justicia, Andrés Esteban, ve necesario mejorar la legislación para poner el bienestar de niños y adolescentes en el centro de las políticas. En base a las conclusiones de este informe, el Justiciazgo reclama al Gobierno de Aragón actualizar la Ley de Infancia y Juventud de 2001, o que el Ayuntamiento de Zaragoza asuma las competencias de intervención familiar que ejercen las comarcas.
Aumentar los recursos para mejorar la atención en el medio rural, fomentar la “parentalidad positiva" o mejorar la coordinación e información entre administraciones son otras de las recomendaciones del Justicia en el ámbito de la infancia y juventud.
Aragón, anfitriona del próximo encuentro nacional
En la presentación del informe, el lugarteniente del Justicia, Javier Hernández, ha anunciado que, en octubre de 2024, Aragón será la anfitriona de las próximas jornadas de coordinación de los defensores del pueblo. El tema central será la ayuda a los mayores, en base al trabajo realizado aquí para combatir la soledad no deseada.
