Los propietarios de pubs y discotecas están a la espera de que Tribunal Superior de Justicia de Aragón decida si tiene en cuenta las medidas cautelarísimas que presentaron ayer para frenar la aplicación del pasaporte COVID.
El Ayuntamiento pide al Gobierno aragonés una rectificación, ya que consideran que Ejecutivo les ha excluido de los fondos europeos de Movilidad y Agenda Urbana que se conceden por número de habitantes. El Gobierno de España ha transferido 1.000 millones de euros a las Comunidades Autónomas para su reparto entre los Consistorios. La consejera de Servicios Públicos, Natalia Chueca, asegura que a Zaragoza le corresponde 14 millones de euros.
