La investigación se inició tras recibir información por una de las víctimas, cuando interpuso denuncia tras sufrir una agresión física por parte del supuesto autor de los hechos.
Según las pesquisas policiales, este individuo habría facilitado la llegada a territorio nacional, en el espacio de unos dos años, a tres ciudadanos extranjeros de origen argentino y venezolano, de edades comprendidas entre 20 y 25 años.
Las víctimas fueron alojadas en una finca de su propiedad, en situaciones higiénico sanitarias lamentables, obligándoles a vivir en una vieja caravana. Además, las condiciones laborales a las que fueron sometidas estas personas eran ilegales, privándolas del acceso a una parte sustancial de sus salarios.
Igualmente, estos trabajadores estaban aislados de la sociedad en general, ya que vivían en una finca rural que dista a una gran distancia del núcleo urbano más cercano, lo que imposibilitaba la comunicación o el contacto con otras personas, careciendo de medios de locomoción para ello y bajo la amenaza constante de deportación a su nación.
Por otro lado, las víctimas habrían soportado vejaciones, humillaciones, amenazas y coacciones. El detenido ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial competente, mientras que las víctimas han sido liberadas y se encuentran bajo protección.
