El Juzgado de lo Penal Número 5 de Granada ha condenado a dos años y ocho meses de prisión a un subinspector de la Policía Local por malos tratos a su expareja tras considerar acreditados años de comportamientos de control, celos y desprecio. La sentencia incluye la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de la mujer y de su hija, así como la retirada del derecho a portar armas durante seis años.
El tribunal estima probado que el acusado dirigió contra la víctima insultos reiterados como “puta”, “gorda” o “tripona”, y llegó a amenazarla con frases como “te voy a arrancar la cabeza”, lo que generó un grave daño psicológico, acreditado por informes forenses. La hija mayor de la mujer también presenta lesiones psíquicas derivadas de los episodios vividos en el domicilio familiar.
Como reparación, el condenado deberá indemnizar con 10.200 euros a la víctima por lesiones y daño moral, y con 7.200 euros a la hija.
La magistrada rechaza parte del relato: registros y programas espía en el teléfono de la víctima
La víctima había denunciado estos hechos públicamente en Onda Cero Granada el pasado mes de mayo, en plena crisis por los fallos del sistema de pulseras antimaltrato, un contexto que —según su abogado— reforzaba la verosimilitud de su relato.
A pesar de la gravedad de los hechos acreditados, la jueza considera que “no han resultado creíbles” las manifestaciones relativas a supuestos accesos del acusado al domicilio para registrar dispositivos electrónicos, agendas o instalar programas espía.
Críticas de la acusación particular
El abogado de la víctima, Ernesto Osuna, califica como “contradictorio” que la magistrada descarte la credibilidad de esta parte del testimonio, pese a que otros elementos del caso sí se dan por probados.
Por su parte, la Fiscalía había solicitado una pena significativamente mayor, de seis años y diez meses de cárcel. El subinspector, además, continúa investigado por la trama de presuntos amaños en oposiciones a la Policía Local.
El abogado del condenado ha anunciado que recurrirá la sentencia al considerar a su cliente inocente. Mientras tanto, la defensa de la víctima estudia nuevas acciones tras conocer el fallo judicial.
