La Delegación Territorial de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía en Almería ha iniciado procedimientos sancionadores contra siete estaciones de servicio automáticas de la provincia por posibles infracciones administrativas conforme a la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, localizadas en los municipios de Níjar, El Ejido, Adra, Berja y La Mojonera.
Estas actuaciones se han puesto en marcha tras recibir informes de la Guardia Civil que reflejan que, entre los meses de febrero y mayo, en varias gasolineras de la provincia se realizaron repostajes de gasolina 95 que superaban los 75 litros.
Dichos comportamientos podrían vulnerar lo establecido en el Real Decreto 706/2017, de 7 de julio, que regula la instrucción técnica complementaria para “Instalaciones de suministro a vehículos” y fija normas específicas para las instalaciones petrolíferas.
En particular, la norma establece que en los puntos de repostaje donde el cliente se sirve sin la presencia de personal de la estación, debe retirarse el sistema que fija el gatillo del surtidor y limitar el suministro a un máximo de tres minutos y 75 litros por operación.
La Delegación, como autoridad competente para iniciar expedientes y aplicar sanciones en materia de Energía, ha recordado que este tipo de incumplimiento está catalogado como grave por la Ley del sector de hidrocarburos y puede conllevar multas de hasta 6 millones de euros.
El delegado territorial de Industria, Energía y Minas en Almería, Guillermo Casquet, ha resaltado la relevancia de las tareas de inspección de la Junta y la cooperación con la Guardia Civil para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.
Asimismo, ha indicado que “hace unos meses celebramos unas sesiones informativas dirigidas a propietarios de estaciones de servicio y a cuerpos de seguridad de la provincia para explicar y recordar la legislación en vigor”.
En esa cita, según ha explicado el delegado, se abordó la problemática del “petaqueo” y la necesidad de que todos los implicados trabajen de forma conjunta para eliminar esta práctica ilegal, que además implica riesgos para las personas durante su transporte.
