El auto del juez, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, Eduardo Martínez Gamero, aporta gran cantidad de indicios de una trama que recibía presuntas mordidas de contratos públicos, con el conocimiento del entonces presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, sobre lo que se apunta que formaría parte, como demuestran ciertos códigos que se entienden como encriptados. De hecho, llama la atención de los investigadores en las comunicaciones que se habían intervenido, la recurrencia a vocabulario odontológico, con expresiones del tipo "tengo que ir al dentista", "muelas picadas" o lo más llamativo, tan solo 3 minutos después de firmarse el contrato de mascarillas, el ex presidente mandaba un emoticono de un diente en el grupo que compartía con el detenido en la primea fase del caso en 2021, que fuera vicepresidente de la Diputación, Oscar Liria y con el, en ese momento, vicepresidente de la institución, Fernando Giménez.
De igual modo, además las coincidencias de fechas y contratos con las comunicaciones es demoledora. También llama la atención de los investigadores la falta de movimientos de dinero en las cuentas de los implicados. Funcionaban con dinero en efectivo y ahí es donde la investigación se remonta ya al año 2016 y 2017. En concreto, en lo que tiene que ver con viajes privados de Oscar Liria y Javier Aureliano a Ibiza o Madrid donde, según el auto, no hay prueba documental de pagos, lo que apunta a que podría deberse ya a una trama de dinero b, fruto de las posibles comisiones en un inicio muy localizadas en el Almanzora y más concretamente en el municipio de Fines. Aquí es destacable la figura de Liria que entronca directamente con el empresario Kilian López y la trama 'Mascarillas', porque al parecer, éste podría estar implicado en asuntos relacionados con tráfico y drogas, proveedor de las mismas. En este sentido, la conexión 'Fines' lleva también a otras entidades como a OYC y PULCONAL, porque el el auto judicial amplía el foco hacia una presunta corrupción sistémica en el área de Fomento y Obras, conectando la presidencia con este municipio almeriense y los dos Rodrigos: el alcalde, Rodrigo Sánchez Simón y su hijo.
SOCIEDADES CLAVE: PULCONAL y OYC Servicios Urbanos, S.L.
En cualquier caso, no son las únicas objeto de la investigación, hay muchas más y ahí se linda también con la constructora Tagilis, precisamente la encargada de llevar a cabo el pabellón de la localidad financiado por la Diputación de Almería y bautizado con el nombre del ex presidente de la propia institución, Javier Aureliano García. De igual modo, este vínculo entronca con otras que estarían en el área del alcalde de Tíjola y diputado de captación de fondos europeos. Tal es así que los investigadores han recogido varios programas donde se podían haber dado contratos con empresas de la trama:
Programa ACELERA 2020
PIBIO 2018
PIBIO 2019
PCEM 2018
PCEM 2019
Todos esos están ahora mismo siendo mirados con lupa con los investigadores así como algunas adjudicaciones de obras muy centradas en la comarca del Almanzora. Es ahí, donde resulta también clave la presencia del funcionario de Obras Públicas detenido, que desde antes del caso 'Mascarillas', Clemente González, mantenía una relación fluida con Óscar Liria y conversaban sobre porcentajes y adjudicaciones de diputación, pero sobre todo en el área de Fines de las que se beneficiaría presuntamente la trama.
OTROS DATOS QUE LLAMAN LA ATENCIÓN
-Respecto a Javier Aureliano se investiga cómo pagó varias hipotecas y adquisición de bienes, sin movimiento en sus cuentas. También la sociedad de bienes que tiene con su hermano y hermana.
-En lo que tiene que ver con Fernando Giménez, diputado delegado de Presidencia, aparece como el ejecutor técnico imprescindible. Fue él quien propuso la contratación de Azor Corporate y quien actuó como nexo entre la
voluntad del presidente y la ejecución de los expedientes. Su domicilio y su despacho también fueron objetivos de los registros.
-Se ha ordenado el "bloqueo de productos financieros" de Javier Aureliano, Fernando Giménez y los empresarios implicados. Esto incluye cuentas corrientes, depósitos, valores y acciones.
La instrucción entra ahora en una nueva fase con el análisis de los terabytes de información incautada. Pero con los datos ya en el sumario —los 945.000 euros de sobrecoste, los mensajes en clave y los pagos en efectivo—, el pasado político de la cúpula de la Diputación ya ha quedado, por el momento, sentenciado.
