La defensa de Juan David R. C., investigado por la muerte violenta de un niño de cuatro años en Garrucha (Almería) a comienzos de diciembre, ha solicitado al juzgado que deje sin efecto el registro practicado en su domicilio al considerar que se llevó a cabo sin su presencia y sin que se le ofreciera la posibilidad de ejercer ese derecho.
El abogado del acusado, Manuel Martínez Amate, ha pedido al juez instructor que se retiren del procedimiento las 17 pruebas y objetos incautados durante la inspección policial, especialmente los hallados en las zonas comunes y en el dormitorio que compartía la pareja. Asimismo, reclama que se eliminen de los informes periciales todas las menciones a ese registro, al entender que se obtuvo con vulneración de derechos fundamentales.
La entrada y registro en la vivienda se realizó la tarde del 4 de diciembre y contó únicamente con la presencia de la madre del menor, también investigada en la causa, y su abogada. La defensa sostiene que el acusado ya se encontraba detenido por la Guardia Civil en ese momento y, aun así, no fue trasladado ni avisado para estar presente durante la actuación policial.
El letrado argumenta que la ley exige que el registro domiciliario se realice con el interesado o con una persona que lo represente legítimamente, algo que, a su juicio, no se cumplió. Aunque reconoce que la madre del niño estuvo presente, subraya que existe un claro conflicto de intereses entre ambos investigados, con estrategias de defensa incompatibles.
En su escrito, la defensa recalca que la ausencia del acusado en el registro le generó una situación de indefensión absoluta, más aún después de que el juez haya acordado inhibirse parcialmente en favor del juzgado de Violencia sobre la Mujer para instruir parte de la causa. Para el abogado, esta decisión confirma la incompatibilidad entre las posiciones procesales de su cliente y la madre del menor.
El letrado insiste en que existe un conflicto de intereses insalvable y considera jurídicamente inviable que una persona que podría ser considerada víctima de violencia de género garantice los derechos constitucionales del presunto agresor, dada la evidente contraposición de intereses.
Juan David R. C. permanece en prisión provisional por un presunto delito de asesinato y ha sido trasladado recientemente desde la cárcel de El Acebuche, en Almería, al centro penitenciario de Albolote, en Granada. El cambio se produjo después de que su defensa solicitara medidas de protección al alertar de posibles riesgos para su integridad física.
Según un escrito presentado el 22 de diciembre, el investigado habría recibido amenazas de muerte directas durante su estancia en el módulo 11 e incluso se habría producido un intento de agresión colectiva que no llegó a materializarse gracias a la intervención de otro interno. Aunque fue cambiado posteriormente de módulo, la defensa considera que la medida fue insuficiente, ya que seguía expuesto a otros reclusos que conocían su identidad y los graves hechos que se le atribuyen, incluida una presunta agresión sexual al menor.
Ante esta situación, Instituciones Penitenciarias acordó su traslado a un centro cercano, por lo que fue derivado finalmente a la prisión de Albolote, en Granada.
