El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, ha señalado este martes la voluntad del Gobierno de desplegar primero el uso del catalán en la Unión Europea, antes que el gallego y el euskera, siempre y cuando la UE haya aprobado primero la oficialidad de las tres lenguas.
"Se han planteado períodos transitorios, gradualidad de esta medida. Y hemos propuesto iniciar su despliegue primero con el catalán y seguidamente con las otras dos lenguas", ha dicho Albares en declaraciones a la prensa, después de que los países de la UE hayan discutido hoy la propuesta española.
La UE ha mantenido este martes el primer debate sobre la cuestión, pero ha aplazado la posible aprobación de la oficialidad de las tres lenguas para más adelante, ante las dudas jurídicas, financieras y prácticas que han planteado una gran mayoría de países, sobre una decisión que requiere unanimidad.
Tras la reunión, Albares ha asegurado que el Gobierno "ha cumplido con su compromiso" al trasladar la solicitud de la oficialidad y ha añadido que "nadie ha manifestado un veto" contra la propuesta española, mientras que "algunos Estados miembros han pedido más tiempo para analizar su desarrollo e implantación".
Esto, ha explicado, se canalizará a través de los grupos de trabajo y reuniones de embajadores habituales en el Consejo de la Unión Europea.
Respecto a priorizar la implementación de la oficialidad del catalán a la de euskera y gallego, Albares ha rechazado que suponga una discriminación y ha apuntado a que "el final" de la propuesta española sigue siendo que las tres formen parte del régimen lingüístico europeo, "pero algunos Estados miembros han planteado que tres lenguas de una sola vez era algo más difícil".
"Nos hemos abierto a que el idioma cuyos representantes han solicitado con más insistencia la inclusión dentro de la modificación del Reglamento y que es hablado por más de diez millones de personas sea el primero en su despliegue", ha precisado.
España, ha indicado Albares, ha vuelto a reiterar "su compromiso a asumir el coste derivado de esta reforma" como ya hace para cumplir con los acuerdos bilaterales con el Consejo y el Comité de las Regiones que permiten a participantes en sus reuniones hablar catalán, vasco y gallego si lo solicitan con al menos siete semanas de antelación.
Ante sus homólogos europeos, Albares ha defendido que no se trata de "lenguas minoritarias", que la propuesta no es nueva y también "la especificidad que constituye el caso español en la Unión", ya que el uso de las lenguas cooficiales se encuentra reconocido en la Constitución española "a diferencia de otros Estados miembros de la Unión en los que también existen lenguas regionales".
A partir de ahora, ha concluido Albares, la voluntad de España es "avanzar lo más rápidamente posible" para "intentar canalizar" los comentarios que han hecho otros Estados miembros a la propuesta, aunque no se ha pronunciado sobre si se ha pedido formalmente la opinión de los servicios legales del Consejo.
