El Juzgado de Instrucción número 5 de Córdoba ha acordado dejar en libertad con cargos al presidente del Córdoba Club de Fútbol, Jesús León, detenido este jueves por la Guardia Civil por la supuesta comisión de delitos de apropiación indebida, administración desleal, corrupción y blanqueo de capitales.
Según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el juez ha acordado también la prohibición de salir del territorio nacional, todo ello después de que el presidente se ha acogido a su derecho a no declarar. En este caso, no ha habido ninguna parte de las personadas que haya solicitado la prisión provisional como medida cautelar, según las fuentes.
En concreto, el presidente ha pasado a disposición judicial en la mañana de este viernes tras los registros en la sede del club y su fundación, ambas en el estadio de El Arcángel, así como su domicilio particular, llevados a cabo este jueves por agentes de la unidad orgánica de la policía judicial del Instituto Armado en Sevilla, en colaboración con los agentes de la Benemérita en Córdoba. En este caso, los agentes se llevaron varias cajas con documentación en los registros, en los que también colaboró el Juzgado de Instrucción número 5 de Córdoba, según han concretado fuentes judiciales.
Al respecto, dicho operativo se puso en marcha 24 horas después de que el juez de Instrucción 5 pidiese más documentación al tomar declaración el miércoles al expropietario del club, Carlos González, en la querella interpuesta por el exsecretario del consejo de administración del club blanquiverde Joaquín Zulategui contra el presidente por apropiación indebida. Dicha querella versa sobre un millón de euros de supuesta autoindemnización por la no finalización de las obras de la ciudad deportiva del canal, cuando González era presidente del Córdoba CF y la empresa de León, Grucal, era la encargada de dichas obras.
En la comparecencia, el magistrado solicitó a González que ampliase información sobre el pago de la reforma de su casa en Madrid que construyó Grucal. También le solicitó que testificase para declarar si tenía conocimiento de la firma de la adenda al contrato según la cual, siempre según la versión de León, se justificaba el pago del millón de euros. González reiteró que el documento presentado por los abogados de León es "una fotocopia con una firma incompleta", insistiendo en que "ese documento no existe".