El París Saint-Germain (PSG), que dice haber descubierto hace apenas un mes que se utilizaban criterios étnicos para fichar jóvenes promesas, ha lanzado una investigación interna y promete sanciones una vez se establezcan las responsabilidades.
Su director general delegado, Jean-Claude Blanc, en una doble entrevista publicada por los diarios franceses 'L'Équipe' y 'Le Parisien', confirmó que la entidad se enteró hace un mes de la existencia de fichas en las que se catalogaba a los jugadores en cuatro categorías: francés, magrebí, antillano y africano.
Blanc avanzó que desde entonces han lanzado una investigación interna que han encargado a dos abogados externos al club y que esperan resultados dentro de dos semanas. Aseguró que antes "nadie" y "en ningún momento" había comunicado a la dirección que se utilizaban esas fichas.
No obstante, admitió que en 2014 habían recibido "una alerta sobre declaraciones ambiguas en una reunión del departamento de formación" de Marc Westerloppe, responsable de la captación de jóvenes promesas desde 2013.
Según las filtraciones de 'Football Leaks', Westerloppe consideró en esa reunión que había "demasiados antillanos y africanos" en el club y que la dirección quería más franceses.
Blanc dijo en las entrevistas divulgadas este viernes que convocó en 2014 a Westerloppe para conocer si sus "ambiguas declaraciones" eran ciertas, pero "lo desmintió con precisión" y al final del encuentro estimó que "no había pruebas para despedirlo, ni tan siquiera para una sanción".
El director aseguró que el presidente del club parisino, Naser Al-Khelaïfi, no estaba entonces al corriente de la situación, y que sólo le avisó cuando la dirección tuvo conocimiento hace un mes, a través de los periodistas que les aportaron pruebas, de que se recurría a fichas con criterios étnicos.
La ministra francesa de Deportes, Roxana Maracineanu, avanzó hoy en declaraciones a la emisora "FranceInfo" que de ser "ciertos" los hechos pueden conllevar "sanciones disciplinarias, incluso penales".
La legislación francesa penaliza con hasta cinco años de cárcel y 300.000 euros de multa la "recogida o el tratamiento de datos de carácter personal que incluyen, directa o indirectamente, orígenes raciales o étnicos de personas".