Patricia Ramírez puso la televisión, vio al periodista del que tantas veces se ha dicho estos días que era amigo y, con enorme educación, solicitó públicamente no que no se le invite a los programas, sino que se le presente como lo que es: un periodista que ha estado buscando la noticia. Las madres y los padres a los que les han matado a un hijo hablan por sí mismos. Dicen lo que necesitan decir cuando necesitan decirlo. Sin portavoces. Sin representantes. Los padres de Diana Quer, de Mari Luz Cortés, de Marta del Castillo, hablan también por sí mismos cuando defienden la pena de prisión indefinida para los autores de asesinatos agravados. No significa que todos los padres que han visto asesinado a un hijo tengan que pensar como ellos. No significa que ellos pretendan representar ni a todos los padres ni a todos ciudadanos. Ellos defienden lo que creen oportuno y lo hacen con el respaldo de los tres millones de firmas que han reunido. Se equivoca el PSOE al referirse a estos padres como si fueran personas vulnerables utilizadas políticamente por el partido del gobierno. Es verdad que el PP detectó hace tiempo que esto de la cárcel indefinida tenía respaldo social. Tenía público. Y apostó por ello. Pero eso no convierte a Juan Carlos Quer, a Juan José Cortés, a Antonio del Castillo, en títeres de nadie. Como tampoco los convierte, y aquí es el PP el que desbarra, en los jueces de última instancia, los avalistas necesarios, de nuestro código penal. Los padres tienen su posición y la expresan libremente. Pero la tarea de un Parlamento no es satisfacer a personas concretas, por dura, irreversible y notoria que sea su experiencia. La tarea de un Parlamento es conciliar la voluntad de la mayoría con los derechos de todos; es buscar soluciones a los problemas y es mejorar las leyes que tenemos con el mayor de los consensos posibles. La mejor intervención de ayer fue la más sosa.La del grupo que impulsó la derogación, que es el PNV. Su diputado Legarda. El PP introdujo la prisión indefinida cuando tenía mayoría absoluta. Y cuando dejó de tenerla, los grupos de la oposición (incluido Ciudadanos, qué papelón el de Ciudadanos en esta historia) se pusieron de acuerdo para sacarla. Le dieron, así, al gobierno la oportunidad de volver a agarrar esa bandera. En una operación política, y perfectamente legítima, que a la luz de las encuestas ahora se le ha vuelto a la oposición en contra. Ayer nos preguntábamos aquí si los portavoces que participaran en el debate estarían a la altura. Si tendrían la mesura y el sosiego que todos ellos predican. Si empezarían por dejarse claro los unos a los otros que discrepar sobre si debe o no mantenerse esta pena no significa que unos sean insensibles y los otros vengativos, unos amigos de los criminales y los otros justicieros. Ni el PSOE es complaciente con los asesinos de niños y adolescentes. Ni el PP está por la venganza aprovechándose del dolor de las víctimas. La sesión parlamentaria fue peor de lo que nadie pudo esperar. Sobró el tono de desdén de unos grupos a otros. Sobraron los aplausos. Y los abucheos. Y la bronca. Se echó de menos el respeto que todos dicen sentir a lo delicado del asunto, el respeto que dicen sentir por las opiniones distintas, el respeto que manifiestan por el noble parlamentarismo. Y se echó de más el concurso de vehemencias. Quién es más sensible al dolor ajeno. Quién defiende más la justicia. Quién está más cerca de las víctimas. Quién es mejor padre y mejor demócrata y mejor persona y mejor todo. Los portavoces del PP y el PSOE prostituyendo la actividad parlamentaria. Fingiendo que debaten sobre nuestro sistema penal cuando el objetivo que buscan es cubrir de basura al adversario. Como en los peores tiempos de la lucha contra ETA. Aquellos plenos parlamentarios, repugnantes, en que Rajoy acusaba a Zapatero de traicionar a las víctimas y Zapatero a Rajoy de desear que el terrorismo no terminara nunca. Equivocó completamente el tono el portavoz socialista Juan Carlos Campo. Un hombre que conoce la materia, que ha trabajado muchos años como juez y que ayer arruinó su intervención con el tono mitinero. La bufanda que te regala la madre de un niño asesinado la puedes llevar contigo a donde quieras sin que nadie tenga derecho a acusarte de colarte con ella en un funeral. Del debate, que no fue tal, salió indemne el grupo que más embarazo debió haber sentido ayer: Ciudadanos. Que cambió de criterio de un mes para otro sin alcanzar a explicar ni a sus votantes ni a la opinión pública por qué lo que antes les parecía impresentable ahora les resulta necesario. Cuánto han pensado sobre esta materia como para acabar vistiendo la chaqueta reversible: ahora que no, ahora que sí. Carolina Bescansa, ya lo sabrán, escribió este tuit al terminar el pleno: "Pido perdón a las víctimas, a los familiares y a la sociedad española por no haber sabido tener un debate a la altura de su dignidad”. Pues oiga, Carolina, amén. Si el Parlamento es incapaz de tener un debate racional y sereno sobre el Código Penal, cierren el hemiciclo, búsquense un arrabal y celebren allí su lamentable bronquita arrabalera.
