¿Cerrarán las autopistas radiales R-3 y R-5 que parten de Madrid a autovías del Levante y Extremadura?

Las autopistas radiales que se construyeron en los años de Aznar, las famosas R, el Eje del Aeropuerto, la autopista Ocaña-La Roda, la AP-41 que conecta Madrid y Toledo, la circunvalación de Alicante o la AP-7 que une Cartagena y Vera se transformaron en un camino hacia el fiasco, por el sobrecoste de las expropiaciones, fallos en los cálculos de tráfico y derrumbe de la circulación por la crisis.

Si el juez no lo impide, deberán cerrarse dos de estas radiales: la R-3 y la R-5, las autopistas de pago que parten de Madrid paralelas a las autovías del Levante y de Extremadura.

Ambas entraron en concurso de acreedores en 2012. El Ministerio de Fomento propuso una especie de rescate, quedarse con la gestión de estas autopistas, pero conceder a las concesionarios 9 meses más de plazo para poder realizar de forma ordenada el traspaso de estas carreteras de peaje.

El juez que lleva el caso, el titular de lo mercantil número 6 de Madrid debe decidir qué se hace con estas autopistas. Al parecer, está abierto a la propuesta de Fomento de rescatar las radiales, aunque sea en unos meses, para evitar el cierre.

El juez, tras dictar la liquidación de la concesionaria de estas radiales (una empresa participada por Sacyr, ACS y Abertis) ordenó el cese de actividad para el próximo 1 de octubre.

El Ministerio de Fomento recurrió la decisión ante la Audiencia Nacional y sigue a la espera.

Antes, el Departamento que dirigía la hoy presidenta del Congreso, Ana Pastor, propuso la creación de una empresa estatal para gestionar estas carreteras de peaje con problemas financieros y, a la vez, establecer una quita del 50% de la deuda, que sumaba, entonces, algo más de 4.500 millones de euros.

Pero la banca acreedora extranjera rechazó la solución y vendió con fuertes descuentos sus préstamos a fondos de alto riesgo internacionales. Con este rechazo de los acreedores los jueces dictaron la liquidación de la R-3 y la R-5

Ahora, se abre una posibilidad de rescate. Por la R-3 transitan unos 10 mil coches al día y por la R-5 unos 7.300 vehículos. Hay una recuperación del tráfico entre el 5 y el 10% en el último año.

Hay otro problema y más importante. Y es que si se cierran y liquidan estas autopistas de pago se activaría lo que se conoce como la Responsabilidad Patrimonial de la Administración. Es decir, el Estado debería pagar a las constructoras la obra, el valor del activo y las inversiones realizadas. Según la patronal de la construcción, Seopan, esto supondría para la caja del Estado unos 8.000 millones de euros de gasto.

Y hoy día, con un Gobierno en funciones, sin presupuestos y con la Unión Europea apretando para ajustar las cuentas y el déficit, esto sí que serían autopistas al infierno... contable.