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Madrid | 01.06.2017 14:28
La directora, la orientadora y una maestra del colegio concertado Sagrado Corazón de Jesús de Cáceres serán juzgadas como presuntas autoras de un delito contra la integridad moral en la modalidad de comisión por omisión al actuar presuntamente con pasividad ante el acoso que estaba sufriendo uno de los alumnos del centro.
La acusación particular solicita para las tres docentes 18 meses de prisión y la inhabilitación durante cinco años para el ejercicio de la docencia o para las labores de coordinación o dirección de un colegio, según ha indicado a Efe Emilio Cortés, abogado de los padres del alumno.
La Fiscalía de Cáceres, en cambio, no ha formulado acusación al no observar indicios de delito en la actuación de las docentes.
El juicio, que tendrá lugar este mes de junio en el Juzgado de lo Penal número 2 de Cáceres, tendría que haberse celebrado el pasado septiembre, pero tuvo que aplazarse por enfermedad de la madre del escolar.
El Juzgado de Instrucción número de 4 de Cáceres había archivado la causa contra las tres acusadas, pero la Audiencia de Cáceres dictó un auto por el que revocaba el sobreseimiento al existir "indicios mínimamente razonables para que la actuación de los responsables escolares se hubiera orientado acaso de otro modo".
Los hechos tuvieron lugar desde octubre de 2012 a enero de 2013, año en el que el alumno abandonó el colegio, cuando se encontraba cursando primero de la ESO.
El 30 de septiembre de 2013, los cuatro alumnos que perpetraron el hostigamiento fueron condenados por el Juzgado de Menores a realizar tareas socioeducativas durante un año con un contenido formativo educativo individualizado y orientado a desarrollar la empatía y el respeto a los demás.
La sentencia consideró como hechos probados que los condenados apartaban al alumno en los recreos y se dedicaban a insultarle y hostigarle.
El hecho más grave tuvo lugar el 13 de diciembre cuando el alumno sufrió un ataque de ansiedad, llegando a decir, incluso, que "se quería morir".
Cortés ha recordado que se decidió presentar una querella penal contra las tres docentes por actuar con "pasividad" y no aplicar el protocolo establecido en el Decreto 50/2007 de 20 de marzo por el que se regulan este tipo de casos.
Asimismo, ha continuado Cortés, se apunta que el menor denunció los hechos a su tutora en el mes de octubre, tal y como recoge la sentencia, pero "nada se hizo".
El auto de la Audiencia señala, además, que tras el incidente del 13 de diciembre "ninguna de las querelladas tuvo propiamente como objeto la investigación de los hechos y la indagación de sus causas y antecedentes", así como "adoptar algún tipo de medida para identificar a los acosadores".
Las medidas que se adoptaron, según rescata el auto de la sentencia del Juzgado de Menores, fue "una amonestación verbal y recriminación".
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