Francia condena a cuatro franceses por alojar a dirigentes etarras

El tribunal impuso la pena mayor, de cinco años al cantautor vascofrancés Peio Serbielle. En su vivienda de la localidad de Domezain-Berraute, a una veintena de kilómetros de Bayona, se celebraron durante más de cuatro años las reuniones del comité ejecutivo de la organización terrorista con los jefes de los diferentes aparatos, que solían tener una periodicidad trimestral.

Serbielle, que pasó ya 16 meses en prisión provisional y podrá evitar al igual que los demás volver a estar entre rejas, tendrá que pagar una multa de 2.500 euros. También fue condenado a cinco años de cárcel, cuatro de los cuales exentos de cumplimiento (sólo ingresaría en prisión en caso de reincidencia), Robert Arricau, que puso en contacto a los dirigentes etarras Mikel Albisu, alias "Mikel Antza", y María Soledad Iparraguirre, "Anboto", con su hermano, Didier Arricau, y con la esposa de éste, Maryse Lavie.

En una casa propiedad de este matrimonio en la localidad de Salies de Béarn estuvieron alquilados "Mikel Antza" y "Anboto" entre 1999 y 2004 cuando fueron los jefes de los aparatos político y financiero, respectivamente. Los jueces condenaron a Maryse Lavie a cuatro años de prisión (tres y medio exentos de cumplimiento); y a tres años exentos de cumplimiento a Didier Arricau por haberles alquilado la casa de Salies de Béarn a sabiendas de quiénes eran. Además, les impusieron a cada uno de ellos sendas multas de 2.500 euros.

En esa vivienda rural es donde fueron arrestados "Mikel Antza" y "Anboto" el 3 de octubre de 2004, en una de las operaciones policiales más importantes contra ETA. Allí se encontró una gran cantidad de documentación interna de la

banda que ayudó al trabajo policial y judicial durante los años siguientes.

Estos dos jefes etarras ya fueron condenados también en París a 20 años de cárcel cada uno por su papel como dirigentes terroristas, sobre todo gracias al material requisado en Salies de Béarn. El tribunal desestimó las demandas de la defensa, que había pedido la nulidad del proceso por considerar que los derechos de sus clientes habían sido vulnerados al ser juzgados 14 años después de los hechos.