Lluís Puig pide amparo a la Comisión Europea por la "vulneración" de sus derechos políticos

"Le escribo como ciudadano, confieso que rehuyendo de manera consciente una comunicación de carácter jurídico, con el convencimiento de que la cuestión que nos ocupa es de orden humanitario", indica la carta, dirigida al vicepresidente primero de la CE, Frans Timmermans.

Añade que, tras haber ejercido "con fidelidad al pueblo de Cataluña" su cargo como consejero de Cultura, y tras las elecciones del 21 de diciembre, ha sido "propuesto de nuevo para formar parte del gobierno que ahora lidera el presidente Torra" y que responde a ese ofrecimiento con "compromiso y lealtad" a la voluntad de los ciudadanos catalanes.

"Pese a ello, como ya ocurrió con el cese en pleno del Gobierno catalán en base a una interpretación abusiva del artículo 155 de la Constitución española, todavía vigente, veo nuevamente amenazados mis derechos políticos reconocidos en el artículo 23.2 de la citada Constitución y truncada mi voluntad de servir a la ciudadanía de Cataluña", dice.

Puig apela a "los valores fundamentales de la Unión Europea" y a "los aspectos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos", en especial en lo relativo al "derecho de amparo contra los actos que violan los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley".

"Soy un hombre de paz y creo firmemente que solo la cultura y en el respeto de los otros seremos capaces de avanzar colectivamente como sociedad. Estoy seguro de que la organización que usted representa también lo entiende de esa manera y es la base en este planteamiento común que le dirijo", añade.

El Gobierno central ha publicado hoy el decreto de creación, denominación y determinación de competencias de las consejerías del nuevo Ejecutivo catalán, pero no así -como había anunciado- el de nombramiento de los consejeros elegidos por Quim Torra, a pesar de la insistencia del president de la Generalitat.

El decreto 1/2018, de 19 de mayo, aparece este lunes en el Diario Oficial de la Generalitat, y es el primero de los dos firmados por Torra el pasado sábado, cuya publicación, según el Ejecutivo central, no planteaba "problemas la viabilidad", como sí sucedía con el segundo, el del nombramiento de los consejeros catalanes.