La juez Lamela confirma el procesamiento de Trapero y sus antiguos jefes por sedición

La juez desestima los recursos de los cuatro procesados contra el auto del 4 de abril por el que ponía fin a la investigación de esta causa y niega que las acusaciones se basen en "meras conjeturas" de los investigadores, sino que las 21 diligencias practicadas demuestran que existen indicios racionales de criminalidad.

Expone en un auto que las partes "han tenido acceso a su contenido y han podido mostrar su parecer, ejercer sus derechos y solicitar las que estimaran de interés"; de ahí que razone que "ninguna indefensión" se les ha causado al respecto.

Por ello, la titular del Juzgado Central de Instrucción 3 procede a la "total confirmación" de la resolución recurrida en que atribuye dos delitos de sedición y uno de organización criminal a Trapero, un delito de sedición y organización criminal a Pere Soler y Cèsar Puig, y uno de sedición a Laplana.

Aunque en esta ocasión no entra en el fondo del asunto, se remite a su auto de procesamiento en que apuntó a una "estrategia premeditada y perfectamente coordinada" con reparto de papeles entre autoridades gubernamentales, parlamentarias y civiles para la secesión y la "utilización ilegal" de los Mossos.

Destacó este uso "tanto en los actos sediciosos" del 20 y 21 de septiembre como en el 1-O, pero también "en la realización de actuaciones de espionaje a los miembros de la Policía Nacional y Guardia Civil, precisando que lejos de actuar en tales escenarios, se limitaron a aparentar la imposibilidad de cumplir "con sus obligaciones legales de actuar".

Igualmente la magistrada responde a los procesados que la competencia de investigación de estos hechos corresponde a la Audiencia Nacional y que ella era partidaria de instruir de forma conjunta todos los hechos relacionados con la declaración unilateral de independencia (DUI) el 27 de octubre, si bien la existencia de personas aforadas lo ha impedido.

En su recurso, Puig denunció la "dispersión" de causas que se siguen en órganos judiciales tales como en Cornellà o Lleida por desobediencia de agente de los Mossos durante el 1-O. Sobre este punto, la juez precisa que se ha rechazado asumir la investigación de estas causas para evitar la "elefantiasis procesal" y que se convierta en un macroproceso que ralentice las pesquisas.