El juez impone una fianza de 150.000 euros a Forcadell para evitar entrar en la cárcel

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha acordado este jueves prisión eludible bajo fianza de 150.000 euros para la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadel.

Además, Llanera ha acordado libertad bajo fianza de 25.000 euros para otros cuatro de los imputados de la antigua Mesa del Parlament, Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet. A todos les ha dado un plazo de una semana para abonar la citada cuantía.

No obstante, el magistrado del Tribunal Supremo impone medidas cautelares para todos ellos una vez que hayan depositado las respectivas fianzas. Así, tendrán prohibición de salir del territorio nacional, se les retirará el pasaporte y tendrán comparecencias semanales en el Juzgado.

Mientras tanto, el sexto imputado en la causa por rebelión, sedición y malversación en el Supremo, Joan Josep Nuet, queda en libertad provisional sin ninguna medida cautelar.

El magistrado Pablo Llaneras ha adoptado esta decisión después de que la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carmen Forcadell, y al menos tres exmiembros de la Mesa del Parlamento catalán manifestaran, a última hora, que renunciaban a la vía unilateral de independencia.

Antes de concluir la vistilla en la que la Fiscalía ha solicitado medidas cautelares, como la prisión, para cinco de los investigados que han declarado este jueves durante siete horas por los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos por los hechos relacionados con el debate en la cámara parlamentaria y la proclamación de la independencia, el magistrado dió la oportunidad a los investigados para ofrezcieran un último alegato.

En ese momento, en ese turno de última palabra, Forcadell y al menos tres de los exmiembros de la Mesa han manifestado que renunciaban a la unilateralidad con la que se declaró la independencia de Cataluña, adhiriéndose a la declaración prestada por Ramona Barrufet.

La exsecretaria cuarta de la Mesa del Parlamento catalán había manifestado durante su declaración que el referéndum del 1-O no tuvo validez, ya que no contaba con garantías, han precisado las fuentes presentes en la misma. En otro momento, la parlamentaria habría rechazado, según las mismas fuentes, la vía unilateral y reconocido que el proceso sólo podría desarrollarse con pacto, además de decir que acata la aplicación del artículo 155 de la constitución.