El consejero de Sanidad desvincula al Gobierno de Cifuentes de la investigación de la UCO

En declaraciones a los medios durante el acto celebrado en la Real Casa de Correos por el Día Internacional de la Mujer, el consejero ha confirmado que ayer dos agentes de la UCO se presentaron en la Consejería de Sanidad con un mandato judicial "pidiendo una serie de documentación".

Fuentes de la investigación han informado a Efe de que el instituto armado requirió esa información a instancias del juez que investiga la trama en la Audiencia Nacional, Eloy Velasco.

"Esa documentación que se solicita no tiene absolutamente nada que ver con el periodo de gobierno de Cristina Cifuentes", ha asegurado Sánchez Martos.

Sobre las informaciones que apuntan a que lo que está bajo sospecha es la partida del 1% del plan de infraestructuras sanitarias 2004-2007 destinado a publicitar este proyecto, ha dicho que lo desconoce, ya que las investigaciones están bajo secreto de sumario.

"Si se hizo, fue en un periodo de Gobierno en el que yo no estaba de consejero y tampoco estaba Cristina Cifuentes", ha recalcado.

Sánchez Martos ha rehusado comentar si ha detectado alguna irregularidad anterior en la Consejería de Sanidad, ya que ha sostenido que su función no es "juzgar" ni "investigar", sino "intentar poner en marcha una sanidad eficiente, pública, gratuita, universal".

"Si tengo algún dato se los tendría que dar al juez cuando me los pidiera. Ahora está pidiendo documentación y la Consejería está abierta totalmente, con absoluta transparencia, a este juez, y cualquiera que lo pida, porque tenemos que estar a disposición de la Justicia", ha añadido.

Tampoco ha querido pronunciarse sobre si pondría la mano en el fuego por los anteriores Gobiernos regionales, también del PP.

"Yo la mano en el fuego no la he puesto nunca por nadie absolutamente. No estoy aquí para juzgar y poner la mano en el fuego ya sería emitir un juicio de valor, y no voy a emitir ningún juicio de valor, quien lo tienen que hacer son los jueces", ha sostenido, al tiempo que ha instado a dejar trabajar a la Justicia.