La Abogacía de la Comunidad Autónoma ya ha reconocido que la "ocupación" de sesenta jóvenes de la Conselleria de Educación y la posterior entrada de veinte de ellos en el despacho del conseller supone un "claro ejemplo de allanamiento de morada y de entrada por la fuerza", por lo que no se descarta la interposición de una denuncia.