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Proposición No de Ley

Més per Mallorca pide publicar el nombre de los acogidos a la amnistía fiscal de Montoro

El portavoz de Més per Mallorca ha recordado que muchas grandes fortunas del Estado, y también algunas de ellas de Balears, se acogieron a la amnistía fiscal

EP | Balears | Actualizado el 20/06/2017 a las 08:58 horas

David Abril, diputado de Més per Mallorca

David Abril, diputado de Més per Mallorca / David Abril @MESperMallorca

Més per Mallorca ha registrado una Proposición No de Ley en la que se pide que se haga público el nombre de los contribuyentes y empresas, principalmente las de Balears, que se acogieron en su momento a la amnistía fiscal de Cristóbal Montoro, que ha sido anulada por el Tribunal Constitucional.

En rueda de prensa, el diputado econacionalista David Abril ha explicado que la iniciativa insta al Parlament a "mostrar el rechazo a aquellas prácticas empresariales que, mediante la ingeniería financiera y societaria y los denominados paraísos fiscales. permiten a las grandes corporaciones cometer fraude, evadir sus obligaciones fiscales y eludir impuestos para el sostenimiento de los servicios públicos".

Con todo, Abril ha constatado que la ciudadanía "rechaza este tipo de prácticas, que están basadas en que, el más tiene y más puede, busca formulas para escapar de estas obligaciones". "Es importante que la gente no se quede con esta sensación de impunidad", ha insistido.

Así, el portavoz de Més per Mallorca ha recordado que muchas grandes fortunas del Estado, y también algunas de ellas de Balears, se acogieron a la amnistía fiscal y en concreto se ha referido "al grupo empresarial de Escarrer".

En este sentido, ha explicado que uno de los puntos de la PNL insta a la Agencia Tributaria del Estado "a que acredite si la declaración del modelo 750 por parte de la familia Escarrer se va a realizar de forma veraz y completa, y revise si hay otros contribuyentes y empresas de las Islas en esta misma situación".

Por último, en la PNL se reclama a la Agencia Tributaria de Balears y a las diferentes administraciones a "buscar fórmulas jurídicas y mecanismos para excluir de los procesos de contratación, concesión o subvenciones públicas a aquellas empresas que participan en tramas de evasión de sus obligaciones fiscales".